Por: Eduardo Barajas Sandoval

La victoria como subtítulo

En las elecciones catalanas sí que se sabe quién ganó; otra cosa es que se haya apelado a todo tipo de artificios para aminorar el impacto mediático del resultado.

Cuando los comicios tienen por objeto elegir un parlamento, la victoria corresponde al partido, la coalición, o la posición política que obtenga la mayoría de los escaños en disputa. Frente a esa realidad resulta menos importante que uno u otro partido haya obtenido, aisladamente, más votos que los demás. Así, el hecho de que uno de cada cuatro votantes haya apoyado al movimiento “Ciudadanos”, no significa que dicho partido sea el gran triunfador de la jornada, pues la suma de los votos por los partidos independentistas les permite una clara mayoría en el “Parlament”. 

Algunos medios no tuvieron, sin embargo, reparo en publicar titulares con una exaltación triunfal de “Ciudadanos”, para pasar luego a decir, en el subtítulo, que su “victoria” no fue suficiente para conseguir la mayoría, que quedó en manos de los independentistas. Semejante combinación de argumentos denotaría una cierta intención de dejar en segundo plano el golpazo que significa la reiteración de la voluntad, mayoritaria, de los catalanes, en favor de los partidos que plantean la independencia dentro de sus propuestas políticas.

Encima de todo, a tercer plano quedó relegada la noticia sobre la derrota del Presidente del Gobierno Español. Derrota inevitable, en cuanto su partido jamás ha tenido fuerza suficiente para figurar entre los grandes de Cataluña, y también dolorosa porque estuvo acompañada del fracaso del intento expreso de quitarles en las urnas la bandera del proceso político regional a los líderes que se atrevieron a desafiar la institucionalidad derivada de la Constitución de 1978, que consagró el original sistema de las “autonomías”, dentro de la idea de un Estado indisoluble y una patria común.

A la manera de los mejores dramas, en la confrontación del gobierno autonómico con el nacional, cada quién parece haber hecho lo que le correspondía, con aspiraciones prácticamente imposibles de conseguir. Por un lado, y con el impulso de años de ejercicio del poder en la Comunidad Autónoma, los partidos independentistas votaron la ley que convocaba a un referendo de autodeterminación, celebrado en la ilegalidad frente al Estado español, que dio lugar, según los organizadores, a un mandato de independencia, declarada en términos de ambigüedad. El Presidente del Gobierno, por su parte, cumplió su obligación de defender la Constitución, y aplicarla, en defensa de la unidad de España que juró hacer respetar. 

La aplicación del Artículo de la Constitución Española que permite tomar medidas para corregir los desvaríos de una de las Comunidades Autónomas y conducirla de nuevo al orden institucional, llevaba en el fondo la idea, y la esperanza, de que el eco de la reacción española, e internacional, y la salida de empresas, catalanas y extranjeras, a desarrollar sus actividades en lugares con futuro menos incierto, conseguiría romper la racha de victorias nacionalistas en las urnas y en la conformación del Parlament.

No se puede negar que la reacción en favor de la institucionalidad demuestra un gran esfuerzo de los votantes que la sustentan, a juzgar por el respaldo a Inés Arrimadas, quien desde su memorable discurso en el Parlament para oponerse a la declaración de independencia, hizo una campaña con aires de renovación, convicción, claridad de propósitos, firmeza y sensatez. En torno a ella, y a “Ciudadanos”, se congregaron efectivamente, más que alrededor de cualquier otro partido, todos aquellos votantes que defendían lo que ella representaba: la defensa de la institucionalidad del 78 y la afiliación de Cataluña a la causa común de España. Pero todo eso no fue suficiente, pues a la hora del escrutinio los independentistas consiguieron, una vez más, la mayoría de los escaños en el epicentro del poder de la vida política catalana.

La palabra la tiene entonces la renovada mayoría del Parlament. Fieles a sus principios, y a su razón de ser, los partidos independentistas querrán avanzar en su proyecto, sobre la base de este nuevo reparto del juego, que les volvió a favorecer. La mayoría que les respalda no es ya la del referendo espúreo frente a la legalidad del Estado Español, sino la que se deriva de unos comicios convocados por ese mismo Estado para saber quién es quién. Pero, si tratan de volver a editar la proclama de independencia que hicieron, la respuesta del Gobierno desde Madrid será la misma: declaración de ilegalidad, un poco de fuerza, intervención conforme a la Constitución, cárcel para algunos, abandono de empresarios que no desean arriesgar su futuro, falta de fuerza para sostener la decisión, y ausencia de apoyo internacional. 

En lugar de insistir en una aventura que ya fracasó, tal vez ahora, bajo las circunstancias de un mandato fresco, se pueda saber qué es lo que deseaban negociar los independentistas con el poder central. Tal vez ahora se pueda saber qué era lo que pensaba Carles Puigdemont cuando al tiempo que renegaba de España reclamaba un diálogo con Madrid. También aquello que buscaba con su estrepitosa salida, huida, hacia Bruselas, en lugar de quedarse en su lugar para hacerse apresar y convertirse en mártir ostensible de su causa.

A nadie le debe parecer extraño que las constituciones, como marco normativo de la vida de uno u otro país, requieran ser renovadas con el paso del tiempo, cuando nuevas realidades y necesidades lo exijan. Por supuesto no necesidades peregrinas, como sucede tan frecuentemente en Colombia. Y la crisis en Cataluña no parece ser el único indicio de la necesidad de un eventual retoque de la obra maestra constitucional española de 1978, que realizó el milagro de facilitar transformaciones de todo tipo, que han conseguido hacer de España, otra vez, un país de primera línea, no solamente por las cifras de su desempeño económico sino por la obtención de una cultura democrática y una discusión política que inclusive ha llevado al surgimiento de “partidos de relevo” que tratan de reemplazar a los tradicionales que a lo largo de cuatro décadas de pronto ya dieron lo que podían dar.

En la medida que el asunto catalán no es el único que hace soplar vientos de cambio, nada de raro tiene que en España se llegue a gestar un modelo institucional que vaya un paso más allá del sistema de las “autonomías”; por ejemplo hacia un modelo federal, que evitaría la dispersión y permitiría que fluya, como siempre, la magia que le permita a ese complejo país, unido dentro del respeto por las diferentes culturas que aloja, uno de los bastiones de la civilización occidental.

 

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