La vida, la de todos, es sagrada

Los hechos son terribles.  Un ciudadano honrado que, al final de su jornada laboral en el norte de Bogotá, cruza un puente peatonal sobre la avenida novena con 123. Tres atracadores, en su oficio, que resultan muertos a bala por parte de la víctima. Terrible el grado de inseguridad que acecha a ciudadanos comunes y, también, la muerte de los victimarios.

La ira y las ganas de hacer justicia por mano propia hacia quienes roban, hieren, matan por un celular o por mil pesos, es un impulso frecuente en ciudadanos asediados por la inseguridad, agravada ésta por la impunidad. Todos, de manera directa o por las experiencias de parientes y allegados, hemos sido víctimas de la inseguridad y, también, presa del impulso de la venganza.

Más preocupante que el hecho del puente en sí mismo, quizás, son las manifestaciones de regocijo frente a los resultados del intento fallido de atraco. La facilidad con la que, en nuestra sociedad, se celebra la violencia y la muerte, así sea la de delincuentes. En la tónica de “a las ratas hay que matarlas”, hay fiesta en algunos sectores que impulsan a que asumamos la justicia por propia mano y, obvio, al porte de armas. Es, según algunos, el comportamiento esperado de los “verdaderos patriotas”. Quien, con tanta precisión y, probablemente en defensa propia, oprimió el gatillo en el puente de la novena, ha sido absuelto ya por mandatarios y civiles de a pie.

Al respecto:

Son los fiscales y los jueces los que, en su orden, investigan e imparten justicia. Nadie que no esté en tales instancias puede absolver o condenar procesando a alguien por fuera de los estrados judiciales. Mas allá de las circunstancias específicas del atraco al médico y la muerte de sus agresores, la norma social derivada no puede, bajo ninguna circunstancia, ser la de emprender justicia por mano propia, ojalá acabando con la vida de los asaltantes, porque, de antemano, estamos absueltos de la manera en que reaccionemos.

Segundo, el monopolio de las armas pertenece al Estado. Es la fuerza pública la única responsable y encargada, para fines de la seguridad interna (incluyendo la ciudadana) y la externa, de portar armas.

En tercer lugar,  corresponde a las autoridades civiles el diseño y la puesta en marcha de una política de seguridad y convivencia ciudadanas. Allí es donde intervienen las autoridades administrativas, valga decir, en este caso, la Alcaldía y sus órganos de seguridad ciudadana, y no emitiendo absoluciones o condenas fuera de los estrados judiciales.

Independiente de los antecedentes legales y judiciales de los atracadores, el Estado no puede delegar el monopolio legítimo de la fuerza ni de la administración de justicia en los civiles.

Cuarto: la pena de muerte está prohibida por nuestra Constitución Política.

Debemos expresar solidaridad para con el médico asaltado y su familia, y también con las familias de los asaltantes muertos, que no son responsables de sus malos pasos.

Esta situación, la del regocijo por la violencia, debe llevar a buscar formas de replantear tal repertorio cultural, repensando la política de seguridad y convivencia. Que la ciudadanía pueda cruzar cualquier puente sin necesidad de ir armado. Que los niños no sean educados por adultos que les enseñan el porte de armas y la necesidad de “acabar con ratas”.

Lo de fondo: la vida es sagrada. Aún la de los delincuentes de todo tipo.