Por: Beatriz Vanegas Athías

La violencia racional

Michel Foucault afirmó que entre violencia y racionalidad no existe incompatibilidad pues “lo más peligroso de la violencia es justamente su racionalidad”. Por ello —aunque se vengan lanza en ristre algunos lectores—, cuando Álvaro Uribe habló de “masacre con sentido social” no estaba planteando una sinrazón. Porque la cuestión no es combatir la sinrazón del hombre en general, y de este Gobierno colombiano en particular, al momento de ejercer la violencia, sino analizar la naturaleza de la racionalidad que la produce con el objeto de transformar su curso.

Por ejemplo, ¿qué tipo de racionalidad convirtió en ley la existencia de las Convivir en el departamento de Antioquia que derivó en la fundación del paramilitarismo? ¿Qué tipo de racionalidad fundamentó el Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala? Hoy, cuando han transcurrido 19 años del siglo XXI y la supuesta causa de gran parte de los problemas de Colombia —la guerrilla de las Farc— ha derivado en partido político como corresponde a los tiempos posmodernos, es menester racionalizar las relaciones de poder entre los miembros de una sociedad, es decir, aquellas —siguiendo a Foucault— de una clase sobre otra, de una burocracia sobre un pueblo, de los hombres sobre las mujeres, de los adultos sobre los niños, del centro sobre la periferia, de los citadinos sobre los campesinos… ¿Dónde encontrar las formas de racionalización de esas violencias?

Pensemos que la discordia siempre ha estado instalada en la existencia social de un país, a tal punto que el proceso hacia el progreso resulta casi una utopía porque aunque la violencia concreta de la guerra y del conflicto se ha transformado, justamente esta metamorfosis ha derivado en una rabia que se ha convertido en ley como modelo de funcionamiento. Y es una rabia que ha perfeccionado sus métodos: para la muestra, el Esmad en Colombia que por lo acontecido no actuó de forma irracional sino siguiendo las órdenes racionales del jefe inmediato y este de su superior y así hasta llegar a la mayor jerarquía que ordena la violencia; o la Unidad de Intervención Policial (UIP) española importada a Chile por el presidente Piñera para respaldar al escuadrón antimotines que tiene órdenes precisas de herir, golpear e incluso desaparecer a miles de seres vivientes que ejercen su ciudadanía; o el Grupo de Respuesta Estratégica (GRE) del Departamento de Policía en Nueva York que es lo más parecido a un escuadrón antidisturbios como tal y fue creado mediante la fusión de varias fuerzas de tarea en mayo de 2015.

Pero quienes son objeto de esa violencia racionalizada por jerarquías nostálgicas de tiempos sangrientos y caóticos se han encontrado hoy con ciudadanos que tienen en alta estima el valor de una vida digna; ciudadanos que descubrieron que la violencia es el objeto —sujeto— de una política que —aunque todavía mata con bala— ahora la emprende “racionalizando lo abominable”, en términos de Foucault. Y lo abominable es pactar leyes para el no presente y para el no futuro como la infamia de la reforma tributaria, o la tributación desmesurada, o la desaparición de derechos básicos como el trabajo, la salud y la educación.

Los marchantes del 21N comprendemos que en ocasiones —y más en Colombia— la racionalidad no significa ni progreso ni bien, y por eso ya no tragamos entero y las protestas se configuran con cantos, cacerolazos, conciertos, fiestas, disfraces, arengas ingeniosas plenas de sarcasmo.

Y con eso no contaban los abominables racionales del gobierno de Iván Duque y Álvaro Uribe.

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