La zancadilla

Armando Montenegro
02 de septiembre de 2018 - 05:00 a. m.

El miércoles pasado, el senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria afirmó que la propuesta del expresidente Uribe de producir un aumento sustancial del salario mínimo era una especie de orden al ministro de Hacienda y al resto del gobierno. En el tono del senador se percibe su convicción de que el cumplimiento de dicho mandato debería prevalecer sobre las ideas del alto funcionario —quien tiene buenas razones para oponerse a la iniciativa— y que, además, deberían desconocerse los planteamientos de la mayoría de los economistas, quienes tienen poderosos argumentos en contra de dicha ocurrencia.

Más allá de la discusión sobre este tema, los distintos observadores interpretan este tipo de mensajes como amenazas reales de que la política económica colombiana se subordine a los intereses y caprichos de un grupo político. Es evidente que, si prosperan estas presiones, se perdería del todo la relativa independencia de las instituciones económicas del país de los intereses políticos y gremiales de corto plazo, un logro que ha permitido que se mantenga su orientación técnica a lo largo del tiempo con resultados positivos en términos de los indicadores macroeconómicos (en el caso de la política monetaria, como en otros países con buenas instituciones, Colombia logró incluso la autonomía del Banco de la República, lejos de los apetitos de los políticos y de los lobbies en ejercicio).

Por otra parte, con la presión sobre el ministro de Hacienda se está creando un problema serio para el presidente Duque, pues esto lo obliga a optar por una de dos malas alternativas: (i) si decide quitarle el respaldo al ministro (quien, por su formación y conocimiento, no puede alcahuetear con su firma un disparate), se produciría una crisis en su gabinete, con una sensible pérdida para el gobierno y el manejo económico; en esta situación, sería muy difícil que algún economista serio aceptara el cargo de ministro a sabiendas de que la política económica del país se seguirá dictando desde el seno de un directorio político; (ii) si el presidente opta por respaldar al ministro, como debería hacerlo, es bien posible que se produzca una fisura entre el mandatario y su partido, el Centro Democrático, con impredecibles consecuencias sobre el futuro de la nueva administración.

Aunque la mayoría de observadores, comentaristas y empresarios se ha pronunciado en forma negativa sobre la propuesta del expresidente Uribe, la misma ha encontrado eco entre unos cuantos jefes empresariales. Varios observadores piensan que estas personas no necesariamente creen en las virtudes de elevar el salario mínimo en forma sustancial, pero ingenuamente piensan que esta alza permitiría mitigar la resistencia de la opinión pública contra la baja de los impuestos que pagan las empresas. Es evidente que en sus cálculos y maquinaciones no han tenido en cuenta las convicciones del ministro de Hacienda y las dificultades que le han creado al gobierno que apoyan.

Esta propuesta del expresidente Uribe, en síntesis, se ha convertido en una zancadilla para el manejo económico que lidera el ministro de Hacienda; una zancadilla para un presidente que comienza a desarrollar su programa de gobierno; y, en últimas, si consigue sus propósitos, una zancadilla para la confianza de los mercados, los observadores e inversionistas en el futuro de la economía del país.

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