Por: María Elvira Bonilla

Lágrimas de cocodrilo parlamentarias

AMENAZAN CON PROTESTA SOCIAL y bulla popular en Meta, Casanare, Arauca, Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, los mismos departamentos que en buena medida han malversado los $20 billones que han recibido en cuatro años por concepto de regalías.

La ecuación es perversa: entre más recursos mayor corrupción con el consecuente atraso y pobreza de la gente de la región. Departamentos, todas ellos coleros en los índices de desarrollo humano de Naciones Unidas.

Y son precisamente los políticos —senadores, representantes y líderes locales—, tan responsables como los gobernadores y alcaldes del despilfarro de los recursos y de la permisividad de las tropelías de grupos ilegales, los que ahora amenazan con sabotear el trámite de la ley de reforma al régimen de regalías que presentó con carácter de urgencia el gobierno Santos. Una ley que además propone la creación del fondo de compensación territorial para ponerle fin al irracional sistema de distribución actual que sólo ha logrado alimentar el clientelismo, la voraz corrupción en la contratación y el crecimiento de las arcas de la guerrilla y de los paramilitares. La ley busca, finalmente, equilibrar el acceso a los frutos de la creciente riqueza minera y petrolera, que debe ser la palanca financiera del desarrollo del país, entendida como un bien de todos y no exclusiva de las zonas donde aparece.

El caso de la Costa Atlántica es patético, acentuado por el empoderamiento político que creen haber conseguido con el cacareado Voto Caribe. La región recibió en el mismo período el 27% del total de las regalías —US$10.000 millones— por concepto de extracción y transporte de petróleo, carbón, níquel y otros minerales. Y es allí la que más aboga por autonomía e independencia, donde están concentrados los grandes bolsones de miseria y desigualdad. Y fue precisamente allí donde se multiplicó, y con gran aceptación social, el bloque paramilitar Caribe, liderado por Jorge 40 y Salvatore Mancuso, con sus redes de corrupción asociadas con las administraciones locales y con el aprovechamiento de los recursos de las regalías y de la salud. Una realidad vergonzosa que los políticos regionales prefieren no mencionar para asumir el cómoda papel de plañideras, víctimas del centralismo bogotano.

Pero hay más ejemplos que reflejan la dimensión de la irracionalidad del actual sistema de distribución de regalías. Pequeñas poblaciones como Chiriguaná en el César o Cantagallo en el sur de Bolívar forman parte del paquete de los siete municipios con mayores recursos per cápita del país, que a su vez apenas alcanzan una de las seis certificaciones que miden coberturas mínimas en salud, educación, agua potable, alcantarillado y mortalidad infantil, indicadores mediante los cuales la Dirección de Regalías de Planeación Nacional les hace un seguimiento a los recursos girados. Lágrimas de cocodrilo las de los parlamentarios y dirigentes de aquellas regiones beneficiadas con las regalías directas, quienes se rasgan las vestiduras en el Congreso y frente a los micrófonos, mientras en sus departamentos no cesa la francachela y la comilona, que felizmente podría estar llegando a su fin.

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