Por: Columnista invitado

Las aguas tienen memoria

El cordón litoral de la Boquilla lo componen dos sectores influidos por la dinámica del mar.

 Uno, estable, va de la pista del aeropuerto al poblado; el otro, de total inestabilidad, arranca de caño Luisa, una de las bocas de la ciénaga de la Virgen, y va hasta Punta Hicaco. En esa zona se ubican Marlinda y Villagloria, comunidades que el Tribunal Administrativo ordena reubicar por el alto riesgo en que viven y el daño continuo generado por las talas de manglar, sabaleras y rellenos que agreden el ecosistema “protegido”.

No es invento de ambientalista, la sedimentación allí es escasa y la dinámica del mar no permite su consolidación. En el invierno las olas y su energía vienen del sur y la geomorfología costera favorece la erosión y la inundación.

Ante la ausencia de autoridad padecida en la invadida ciénaga de la Virgen, el fallo confirma que el cambio del uso del suelo y elevación de la cota posibilitó asentar en Marlinda 404 viviendas, 509 familias y 1.786 habitantes y en Villagloria 147 viviendas, 151 familias y 517 habitantes.

Con el aumento del nivel del mar y el cambio climático, los vientos, altas mareas y/o condiciones meteorológicas extremas, probado con inundaciones, estudios oceanográficos y conceptos técnicos, la probabilidad de la tragedia crece y la solución legal y científica no es, como algunos afirman, que el Estado rellene la zona que, entre otras, es la conexión del mar con la ciénaga de Juan Polo, donde intercambian aguas. Ellas cuando crecen no reparan en la existencia de casas precarias o construcciones, lo que obstaculiza se inunda y por la inestabilidad del suelo se agrava el riesgo.

Que quede claro: esa zona no es de propiedad privada y su destinación, así lo ordena el POT, no es para construir viviendas y menos tolerar su expansión. Es para lo que es: la gran boca de intercambio mareal del mar y la ciénaga y manglares: oxígeno, clima y vida.

No nos tapemos los ojos ni hagamos política con lo que pasa, no inviertan valores. Allí la autoridad la impone quien la desconoce, por eso la evidencia del crimen ambiental. No solo viven adultos que exigen correr el riesgo, también padecen niños en condiciones precarias. Es un círculo vicioso: al ser zona de riesgo no hay servicios públicos vitales y el impacto de basuras y aguas residuales lo padece la gente y la ciénaga. Por eso se pidió y se ordena reubicación digna: servicios públicos plenos y cercanía al mar. En el ejercicio de autoridad el Tribunal se quedó corto.

Más allá de que el alcalde tiene que presentar el plan de reubicación en 18 meses y esta debe hacerse en los próximos cuatro años, si hay un responsable directo es el presidente, que no le ha dado cumplimiento al articulo 103 de la ley 99/93, que lo obliga a crear un cuerpo especial que defienda los bienes de uso público, es decir, la integridad del territorio. 

Rafael Vergara *

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