Por: Cristina de la Torre

Las bacrim de la salud

VAN DIECIOCHO AÑOS DE VAGABUNdería. Pero desde la expedición de la Ley 100, causa del desmadre que convirtió la salud en negocio de mercaderes, nadie imaginó el revés de Saludcoop.

Primera entre tantas EPS que engordaron en la indolencia interesada del Estado, no le bastó su poderío para detener la intervención oficial. Ahora tendrá que explicar la turbiedad de sus rentas, acrecidas exponencialmente durante la administración de Álvaro Uribe. Dijo la fiscal Morales que la monumental defraudación de la salud hace tanto daño como la violencia o el terrorismo. Para los investigadores judiciales, el robo al sistema “supera cualquier escándalo de corrupción que haya conocido el país”. Presa de glotonería sin límite, en estos años las EPS multiplicaron su patrimonio en 177 veces. Éste se calcula hoy en 768 billones y sus utilidades, en 500 billones. Mientras tanto, proliferaba el paseo de la muerte de enfermos terminales que en vano tocaban a las puertas de los hospitales, hasta el suspiro final. El senador Robledo ha demostrado que, mediante el cobro y recobro de medicamentos y servicios, las EPS se quedan con los fondos públicos del sector y los invierten en negocios particulares. Más aún, en la libertad de precios decretada por el Gobierno, sobrefacturan drogas hasta por 1.000 veces su valor real. Entre 2006 y 2010, los recobros del Fosyga pasaron de 300 mil millones a 2,4 billones.

Hija del modelo de mercado sin control y su poder “autorregulador”, satanizando la intervención del Estado, y en velada apología del enriquecimiento a codazos, la Ley 100 sacrificó en materia grave las funciones de iniciativa y control del poder público. Las entregó a particulares que en su voracidad obran más como pulpos empresariales que como entidades de salud. Dizque el Estado “planificaría” y “controlaría” el sector a partir de la información que los controlados le suministraran. Ya podrá imaginarse la veracidad de esta información.

La Ley 100 diseñó un modelo de intermediación gracias al cual los recursos se diluyen entre mil cadenas de negociantes y funcionarios públicos que se festinan los 38 billones anuales del presupuesto de salud. Nadie los vigila, nadie los controla. “El sistema de salud se ideó con fallas estructurales que permitieron grietas (donde) anidaron gérmenes de corrupción que crecieron horriblemente”, declaró la fiscal general. Recordó que en 2006 Minprotección creó mesas de trabajo que terminaron autorizando recobros indebidos. Con un poder enorme y sin control, los funcionarios que las integraban se enriquecieron exigiendo comisiones por autorizar recobros. Desde ese año se dispararon las ganancias de las EPS. La crisis de la salud que Uribe propuso enfrentar poniendo a la gente a pagar tratamientos con sus cesantías y pensiones, derivó del robo masivo de los recursos de la salud. Robo a saco que el meticuloso presidente nunca vio. Por no mencionar aristas menos apacibles del modelo: para el columnista Francisco Gutiérrez, aquél favorecía la toma del sistema de salud por los paramilitares. Pero “sobre ese tramado institucional ya defectuoso el gobierno anterior tomó medidas que facilitaron un verdadero saqueo del Estado”. Los dineros del sistema subsidiado terminarían en manos de políticos venales, de guerrilleros y paramilitares. Aquí las defraudaciones alcanzan tal magnitud, que los recobros del Fosyga son cándidos pigmeos.

La crisis ha tocado fondo. Clama por una reestructuración del sistema de salud que desde la Ley 100 se concibió como cosa de negociantes, no como derecho fundamental. Clama por devolverle al Estado sus facultades si de política social se trata, más cuando en ello va la vida. Y por una revolución en los instrumentos de vigilancia y control, de modo que las mafias del sector no sigan cobrando más vidas que la guerra.

 

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