Por: María Elvira Bonilla

Las Catas: cuando hubo una ilusión

Todavía recuerdo la expectativa con que los cientos de personas bajo el hirviente sol de las sabanas de Córdoba escuchamos al presidente Santos el 12 de enero de 2012 dar la partida de la “gran revolución agraria en Colombia”.

 Entregaba ese día las 4.000 hectáreas de la tradicional hacienda Las Catas a 304 familias campesinas, buena parte de ellas sobrevivientes de la cruenta guerra en Córdoba. Un acto lleno de simbología. La hacienda terminó en manos de los hermanos Moncada, narcotraficantes socios de Fidel Castaño en el negocio de la coca, y fue allí, y en la hacienda Las Tangas, donde nacieron las autodefensas de Córdoba y Urabá. Sus víctimas ahora serían los nuevos propietarios.

Los periodistas internacionales escuchaban estupefactos narrar tragedias. Cada historia era más dolorosa que la anterior: la de los Tordecilla, los Tapias, los Buendía, la de Ana Manuela Manchego, quienes creían haber encontrado en el proyecto de Las Catas el comienzo de un nuevo amanecer.

Santos se veía contento, confundido entre los campesinos. Empezaba su última mitad de gobierno y parecía convencido, dispuesto a jugársela por este ambicioso proyecto agrario. Se trataba de un novedoso modelo en el que se entregaba a los campesinos un título colectivo para estimular la producción asociativa, pero se le titulaba a cada familia una parcela de dos hectáreas para la vivienda y los cultivos de pancoger. Tierras ganaderas en el pasado que con el apoyo crediticio y tecnológico del Gobierno se transformarían en grandes sembrados de caucho, cacao o plátano, que en alianza con empresas del sector privado tenían asegurada la comercialización de los productos. Los campesinos recibirían un ingreso por su labor en las parcelas, mientras el proyecto productivo tomaba forma y empezaba a generar el sustento de más 300 familias que llevaban años conociendo sólo el dolor.

Un modelo que con las variantes propias de cada zona y población se reproduciría gradualmente durante los próximos 10 años en las más de 2 millones de hectáreas que estaban en proceso de extinción de dominio y que buscaba superar el fracasado intento de reforma agraria de los años 60 de Carlos Lleras Restrepo, en el que se parcelaron grandes latifundios sin conseguir la transformación de la vida rural colombiana.

De todos esos planes se habló ese día. Así como de la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, con la que estaba comprometido el ministro Juan Camilo Restrepo, que la calificaba como “tan o más importante que la Ley 200 del 36 de López Pumarejo”, que terminó fallida sin lograr siquiera llegar al Congreso, ahogada en el trámite de las consultas previas sin una voluntad política clara para sacarla adelante.

He regresado dos años y medio después a Córdoba para confirmar con tristeza que Las Catas terminó siendo una más de las tantas promesas incumplidas del gobierno Santos. Que la restitución de tierras sigue sin convertirse en la realidad con la que nacieron tantos sueños y que la tal revolución agraria se esfumó como una quimera, convertida en botín de los acuerdos transaccionales con congresistas propietarios de tierras con intereses propios por defender. El presidente ferió su más grande bandera. Por esto y por más es que no le creo a Juan Manuel Santos.

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