Las cifras de la criminalidad en Bogotá

Aun cuando las encuestas sobre percepción de seguridad en Bogotá indican que la criminalidad ha aumentado, la Alcaldía invoca las estadísticas oficiales para sostener que, en la mayoría de los delitos, eso no es cierto. Aunque esta explicación parecería dar a entender que el miedo de la ciudadanía no tiene fundamento y está basado solamente en impresiones personales alejadas de la realidad, se trata de una interpretación equivocada de los datos.

Los números que la Policía, la Fiscalía y la Rama Judicial manejan corresponden a hechos de los que ellos han tenido conocimiento, bien sea porque las personas afectadas los informaron a las autoridades o porque estas se percataron de su ocurrencia, pero eso no significa que los únicos delitos que se cometen sean aquellos de los que los fiscales o jueces se enteran. Esa es solo la denominada criminalidad aparente, que comprende un porcentaje de los efectivamente perpetrados, que suelen ser abarcados por la expresión criminalidad real.

La diferencia entre esas dos cifras será más o menos grande dependiendo básicamente de si se trata de una sociedad en la que las víctimas acostumbran a denunciar o si, por el contrario, no suelen hacerlo. A su vez, esa actitud ciudadana está estrechamente vinculada a la percepción que se tenga sobre el funcionamiento del sistema judicial: si denunciar un delito puede tomar varias horas, si los procesos son excesivamente largos y obligan a las víctimas a acudir como testigos de manera reiterada y muchos años después de acaecidos los hechos, o si mientras las sentencias se dictan los procesados siguen cometiendo fechorías impunemente, la probabilidad de que se denuncien todos los delitos que no sean especialmente graves —como los hurtos— disminuye radicalmente.

Todas las anteriores circunstancias no sólo se dan en Bogotá, sino que además se agudizan cuando los malhechores hacen parte de bandas armadas cada vez más violentas y se corre el riesgo de encontrárselos por las calles poco tiempo después de que se los ha denunciado. La proliferación de episodios de personas haciendo justicia por propia mano evidencia que el nivel de desconfianza en el funcionamiento de la justicia es alto y que algunos creen que es más efectivo castigar físicamente a los delincuentes que llevarlos ante las autoridades. La volubilidad que ha caracterizado la relación de la alcaldesa con la Policía tampoco ayuda a mejorar o consolidar los niveles de empatía que esa institución debe tener con la población.

Restarle importancia a lo que dicen las encuestas sobre percepción de seguridad en las calles bogotanas acudiendo a las cifras oficiales es una equivocación, que parte del desconocimiento de la diferencia entre la criminalidad real y la aparente. Se debe asumir que delitos como el hurto han aumentado y que no se está haciendo lo suficiente para enfrentarlos. En lugar de culpar al Gobierno central o a la migración por los crecientes niveles de inseguridad, hay que trabajar en mitigar las causas de la delincuencia y en mejorar la respuesta de los funcionarios de policía y judiciales para que puedan recuperar la confianza de la ciudadanía.