Por: Rodolfo Arango

Las cifras no mienten

SEGÚN INFORMACIÓN PROCEDENte de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, hasta el momento 81 congresistas elegidos para el período 2006-2010 han sido investigados o procesados penalmente por parapolítica en Colombia.

Esto equivale al 30,33% del total de los 267 miembros del Congreso: 45 senadores (44,1% del total de 102) y 36 representantes a la Cámara (21,8% del total de 165). De esos 81, 11 han sido excluidos de la lista, bien sea por autos inhibitorios (cinco conservadores, dos liberales y uno de Alas), por preclusión de la investigación (dos conservadores) o por absolución (un liberal). De los 70 congresistas aún involucrados en el escándalo parapolítico, 60 pertenecen a la coalición de Gobierno (85,7%) mientras el resto (14,3%) es del Partido Liberal (la mitad de este porcentaje representado en dos congresistas liberales de Córdoba). Ninguno del Polo.

Los partidos o movimientos políticos permeados por el paramilitarismo, sin incluir a los desvinculados de la investigación, en número de congresistas y votos, son: Partido de la U: 12 (ocho senadores y cuatro representantes), con 544.001 votos. Cambio Radical: 11 (ocho senadores y tres representantes), con 347.036 votos. Convergencia Ciudadana: siete (cinco senadores y dos representantes), con 344.149 votos. Partido Conservador: siete (tres senadores y 4 representantes), con 263.626. Colombia Democrática: seis (cuatro senadores y dos representantes), con 215.342 votos. Alas Equipo Colombia: cuatro (tres senadores y un representante), con 231.288 votos. Colombia Viva: cuatro senadores, con 162.205 votos. Apertura Liberal: cinco representantes, con 162.997 votos. A ellos se suman 54.097 votos de otros movimientos. O sea, el total de votos uribistas comprometidos con la parapolítica congresarial judicializada asciende a 2’324.751. ¡Casi dos millones y medio de votos uribistas cuestionados para las elecciones del próximo año! Es explicable el interés de la coalición de Gobierno por aprobar la reforma política sin silla vacía y la posibilidad de reelección del demiurgo de todo el proceso. También se entiende ahora quién y quiénes eran los beneficiarios de las ‘chuzadas’ del DAS a la CSJ.

Bajo el fementido objetivo de hacer más responsables a las agrupaciones políticas, el famélico proyecto de reforma política que va para sexto debate permite “por una única vez” a los actuales congresistas cambiar de afiliación política sin incurrir en doble militancia. La norma propuesta pretende que se baraje de nuevo antes de las elecciones de marzo de 2010 y que los cuestionados puedan adoptar un nuevo ropaje en la competencia electoral. So pretexto de una transición necesaria al nuevo régimen, los uribistas en el Congreso buscan eludir el castigo en las urnas por su conducta activa o pasiva. Pero el principio de responsabilidad política se resiste a ser burlado tan fácilmente. Los congresistas que integren las cuestionadas agrupaciones, voten favorablemente la norma y cambien luego de partido o movimiento para ser reelegidos, enfrentan un riesgo claro e inminente: la pérdida de investidura por incurrir en conflicto de intereses. Esto si el Consejo de Estado no actúa como el Absolvedor General de la Nación. La permisión de la trashumancia política aprobada por quienes son sus directos y exclusivos destinatarios, es una grave ofensa a la justicia, a la buena fe y al sentido común. Ni el cinismo de un Benedetti podría convencernos de lo contrario.

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A los radicales de la secularización que pretenden negar a los religiosos el uso público, escrito y argumentado de la razón, se recomienda la relectura de Kant en su Contestación a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?

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