Por: Tulio Elí Chinchilla

Las condecoraciones como bienes públicos

OTORGAR UNA CONDECORACIÓN oficial significa que la autoridad, en nombre de una comunidad, dispensa el bien público del reconocimiento honorífico por méritos excepcionales.

Entre nosotros los bienes simbólicos —tan importantes en la formación de conciencia colectiva— gozan de poco aprecio. Por eso las condecoraciones oficiales sin valor económico no atraen el interés de la opinión ni el control ciudadano. Poco importa que sean dispensadas con exceso de liberalidad y por mero capricho del otorgante, como instrumento frívolo para galardonar validos u obtener favores; que no se administren como bienes escasos, como premio a aquello que en su origen histórico enaltecían: el acto heroico excepcional.

¿Quién reparte y con qué criterios se adjudican tales bienes en Colombia? Basta ojear los reglamentos de las tres principales condecoraciones civiles otorgables por el Gobierno: las Órdenes de Boyacá y San Carlos, según Decretos 2396 y 2397 de 1954, y la Orden Nacional al Mérito, según el Decreto 3086 de 1981. Cada una de ellas, con sus ocho grados, están en manos de “Consejos”, integrados por el Presidente de la República, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, el Secretario de la Cancillería y el Jefe de Protocolo de la Casa presidencial. Se advierte a primera vista el sello monárquico de estas tres gracias.  

Otro ejemplo: la Orden de la Democracia “Simón Bolívar”, creada en 1980, es concedida por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes a los “ciudadanos destacados por su servicio a la patria en cualquier campo”. Cada año se impone este galardón a cientos de personas o entidades particulares de medianas ejecutorias, e incluso alguna vez se concedió al “espíritu empresarial” de personajes sospechosos. De allí para abajo, no hay entidad que resista el gusto por condecorar, siempre con base en reglamentos deliberadamente ambiguos, salidos de la pluma del propio otorgante. Con algunas excepciones, la discrecionalidad absoluta campea en esta materia.

Sobre las condecoraciones, la Enciclopedia francesa anotaba que, cuando son adjudicadas con generosidad y sin selectividad, antes deshonran que enaltecen. Sin quitarle méritos a algunos de nuestros condecorados, resulta decepcionante ver cómo se adula con doctorados honoríficos a gobernantes iletrados; que el ritual obligado de despedida a todos los embajadores extranjeros sea la Cruz de Boyacá; que se homenajee con ella a emisoras radiales por el solo mérito de su popularidad o al Instituto Lingüístico de Verano; que esa Cruz brille tardíamente en el pecho de nonagenarios que la merecieron de tiempo atrás.    

Va siendo hora de que la normatividad y el consenso social introduzcan racionalidad (modernidad) a esta distorsionada práctica insustancial. Las condecoraciones deberían ser pocas, asignadas mediante un proceso selectivo riguroso, por jurados calificados e independientes de la entidad otorgante. En esta línea, algunas universidades han democratizado la fase de postulación de las distinciones docentes, reservándola a ciertos estamentos. Sin llegar al extremo de creer que “el mejor concurso consiste en una rosca calificada”, se hace necesario someter la adjudicación de las condecoraciones públicas a parámetros más objetivos, como única manera de salvarlas de la irrelevancia o el desprestigio.

 

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