Las consecuencias de una política estatal ausente

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En respuesta al editorial del 6 de enero de 2020, titulado “Las consecuencias del relajamiento”.

No puede ser, y lo digo con respeto y aprecio por el grupo de editorialistas del diario El Espectador, que nuestra visión de país sea tan pobre y mezquina cuando se considera que la disparada de contagios en Colombia por el COVID-19 sea responsabilidad del “relajamiento de la población”. Es decir, hemos pasado de ser víctimas de una política estatal ausente de los grandes problemas y preocupaciones que asisten a la nación, a victimarios. Digámoslo con toda claridad y en todas sus letras: las consecuencias que padece Colombia respecto al pésimo manejo de la pandemia pasan por la falta de grandeza del alto Gobierno, en cabeza del señor Iván Duque Márquez y todo su gabinete, así como también de los órganos y entes de control de la nación, y de la dirigencia política del país, la cual ha sido incapaz de mostrar luces de sensatez y aprecio por sus electores en un momento histórico, que reclama de sus líderes más connotados ejecutorias a la altura de sus responsabilidades.

Negar la posibilidad de la renta básica a nueve millones de familias en situación de extrema pobreza, pobreza multidimensional y en estado de vulnerabilidad, que podría alcanzar la suma de $97 billones al año, muestra la ruindad del Ejecutivo y el Legislativo en un Estado que, por el contrario, se nota altamente complaciente con los grandes sectores económicos apostados a lo largo y ancho del territorio nacional, para los cuales las exenciones tributarias en el año 2020 alcanzaron la suma de los US$11.600 millones (unos $42 billones). Esto, sin contar las cifras arrojadas en recientes días por el señor Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de la Nación, quien manifestaba la preocupación que asistía al ente de control, pues la corrupción en Colombia en 2020 podría alcanzar los $92 billones.

Ante ese panorama, no puede ser que los principales causantes de esta tragedia nacional sean los hombres y mujeres de la patria, cabezas de familia en su gran mayoría, que a diario deben salir a las calles al rebusque —no olvidemos que los indicadores de informalidad bordean el 52 % de la fuerza laboral del país— para conseguir la renta básica que les ha sido negada por un Estado desaparecido en sus obligaciones. Es claro que con la posibilidad de la renta básica, el ejercicio de las cuarentenas voluntarias en el territorio nacional hubiese mostrado un panorama muy diferente al vivido durante estos meses de aislamiento y, en tal sentido, hoy afrontaríamos una realidad diametralmente opuesta. Si, en un ejercicio de sindéresis, el Estado hubiese actuado de forma sensata y eficiente desde el inicio mismo de la pandemia, cuando otras naciones mostraban el camino a seguir, habría sido una apuesta por la vida. Dado que no se hizo, el resultado no es otro que la muerte.

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