Por: Tulio Elí Chinchilla

Las declaraciones de independencia

HAY ALGO MÁS QUE “20 DE JULIO” PAra conmemorar. 1810 fue una onda expansiva de pronunciamientos sucesivos de independencia en más de quince provincias del Virreinato de la Nueva Granada.

Onda que tuvo su primer momento el 22 de mayo en Cartagena de Indias, se replicó en Cali (3 de julio) y Pamplona (4 de julio), se extendió al Socorro, Vélez, San Gil y Girón (10 de julio y días siguientes) y ascendió en la ciudad capital, para proseguir luego en las provincias de Mariquita (29 de julio), Mompox (5 de agosto), Antioquia (31 de agosto) y otras más.

De aquellas lejanas “actas de independencia” emergen rasgos significativos que pudieron haber trazado otros rumbos a nuestra historia —no fue así— y sobre los que hoy vale la pena reflexionar.

De un lado, no hubo una expresión de la nación —no existía— sino de “pueblos” provinciales, cada uno de ellos con autoconsciencia de capacidad de gobernarse. Puede decirse, entonces, que el poder constituyente originario de nuestras tierras fue un constituyente local en un marco territorial regional. A partir de esta pluralidad de provincias que se proclaman autónomas se forjan las primeras alianzas confederales sin imposiciones centrípetas, prefiguración del posterior Estado neogranadino.

Se trató de pronunciamientos revolucionarios rotundamente civiles y de carácter ciudadano, que eluden el recurso a la fuerza armada y la acción militar. El talante político de aquellas primeras élites dirigentes fue netamente negociador, moderado y pacífico. Por eso no tuvieron ningún problema en reconocer la legitimidad monárquica en el plano simbólico y como estrategia para evitar fisuras innecesarias entre la población. Tampoco encontraron irreconciliable la soberanía popular —autogobierno criollo que en ella se funda— con la incorporación de los funcionarios españoles (incluidos los gobernadores y el Virrey Amar y Borbón) a la nueva administración autónoma.

Aunque el discurso de aquellos documentos estaba teñido de las ideas revolucionarias liberales, tanto europeas como estadounidenses, no hay afrancesamiento alguno ni adhesión idolátrica a la visión anglosajona de libertad, soberanía nacional y representación. En contraste, se advierte una acentuada identificación con la mentalidad hispánica. El lenguaje utiliza expresiones tales como “pueblo reunido” o “cabildo abierto”, se reconocen los cabildos (asambleas de notables) y las “juntas supremas de gobierno”. Éstas últimas en clara imitación de la Junta Provisional de Gobierno que encarnaba la resistencia popular española a la invasión napoleónica.

Se evidencia también en aquellos primeros ensayos de constitucionalismo una concepción propia de democracia, que busca integrar niveles complementarios: “el pueblo reunido en la plaza” (a veces bajo la forma de cabildo abierto) como ejercicio directo de soberanía y fuente legitimadora; el cabido como instancia representativa moderna, y las “juntas” que dirigen la acción gubernamental.

Esa dirigencia inicial, conformada por intelectuales, profesionales y comerciantes prácticos, fue aniquilada por la incomprensión histórica y la intolerancia españolas. Lo que siguió después fue el proyecto libertador de amplio alcance (casi continental), con sus epopeyas guerreras, héroes gloriosos, consignas implacables (“españoles contad con la muerte aunque seáis inocentes”) y liderazgo de caudillos.

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