Por: Julio César Londoño

Las desaforadas reacciones al fuero

Tan pronto la Corte Constitucional declaró inexequible la reforma al fuero militar de 2012 por vicios de forma, se armó el alboroto.

El ministro de Defensa volvió a hablar de “la desmoralización de las tropas”, la ultraderecha volvió a hablar de “la infiltración de los terroristas en las cortes” y el presidente lamentó la sentencia de la Corte y prometió la creación de un fondo para la defensa de los militares afectados.

La situación es irónica, por decir lo menos. ¿Las Fuerzas Armadas, garantes de la ley, deben defenderse de los tribunales de la ley?

La Corte actúa en riguroso derecho sobre la forma de un conjunto de leyes, y varios sectores reaccionan emocionalmente, como si la Corte se hubiera pronunciado de manera arbitraria sobre el fondo de esas leyes. Y el ministro se encrespa como si la sentencia viniera de una ONG danesa. Y el presidente se ruboriza como si un hijo suyo hubiera dicho algo inconveniente durante la elevación.

La verdad es que el fuero vigente no ha desmoralizado a nadie. La prueba está en que, bajo esas reglas, el Ejército ha dado golpes tan contundentes como la Operación Jaque y las bajas de Iván Ríos, el Mono Jojoy, Raúl Reyes y Alfonso Cano y, en general, la dura y eficaz escalada militar de los últimos once años contra las Farc.

El fondo público para la defensa de los militares existe en la práctica. Si no, ¿quién pagó el traslado en un helicóptero militar de los abogados defensores del oficial Raúl Muñoz? (Muñoz había violado a dos niñas en Arauca en 2010 y asesinado a machete a una de ellas y a sus dos hermanos de 9 y 6 años).

Yo creo que el fondo de la reforma estaba bien: los delitos sexuales, las torturas y los “falsos positivos” seguirían siendo conocidos por la justicia ordinaria. Encuentro aceptable incluso el polémico punto del “blanco móvil”, que puede prestarse para excesos, es verdad, pero que le permitiría al Ejército reaccionar con celeridad frente a enemigos camuflados (legislar este punto con precisión es imposible —el derecho no es una ciencia exacta— y les corresponderá a los jueces iluminar las líneas de sombra de cada caso particular).

Pero ya que los vicios de la reforma son insalvables, tendrá que ser presentada y discutida nuevamente en el Congreso en 2014. Hay que estar atentos para que los nuevos contenidos definan con mejor precisión ese amplio y difuso ámbito que se llama “los actos propios del servicio”, y evite las ambigüedades que permitan que los delitos de lesa humanidad terminen siendo remitidos a los tribunales militares, estrados que no se distinguen por su imparcialidad.

Lo cierto es que el fuero, como todo, debe tener límites, y quienes los traspasen deben responder ante la justicia ordinaria. Si aceptamos la teoría de que sólo los peritos militares pueden entender la complejidad y el estrés de los actos propios de la profesión, tendremos que aceptar que también haya tribunales especializados para los cirujanos, los deportistas, los guardias privados, los conductores de servicio público, etc.

Y tampoco resulta loable sobornar a los miembros de las Fuerzas Armadas con más prebendas económicas. El presidente debe controlar ese tic de sacar la chequera ante el menor sobresalto. A veces, presidente, la imaginación y los principios dan mejores dividendos que la mermelada. Si algún presupuesto está calculado con largueza y pobremente auditado, es el de las Fuerzas Armadas. No se necesita mucha agudeza para adivinar que todos los carteles y los carruseles juntos (pensiones, obras públicas, alimentación de niños y presos, DIAN, DNE) son una bicoca comparados con los bonitos negocios que se urden tras las paredes de los cuarteles.

 

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