Por: Antieditorial

Las deudas con las universidades públicas

Por Xiomara Pulido, Catherine Rodríguez y Fabio Sánchez

El editorial de El Espectador "Las deudas con las universidades públicas” del 10 de octubre plantea una discusión pertinente sobre la situación de la finanzas de las universidades. No obstante, parte de su argumentación está basada en datos inexactos que llevan a conclusiones erróneas. Estamos de acuerdo en la necesidad de sostener una discusión alrededor de la financiación de la educación superior en pro de una mejora en el sistema. Sin embargo, no será posible encontrar una solución adecuada que potencialice el bienestar de los futuros estudiantes tergiversando los datos y la evidencia. Esta nota se referirá a lo expresado por el editorial sobre el programa Ser Pilo Paga (SSP).

Primero, el editorial, basado en datos del rector de la Universidad Pedagógica, afirma que el programa SPP debe replantearse debido a que “forma poco más de 30.000 estudiantes con la misma cantidad de recursos con que las universidades públicas forman más de 500.000 por año”. Es decir, que con los recursos destinados a un estudiante SSP se podrían financiar 16,6 estudiantes. Analicemos esta afirmación. Como lo explicó Moisés Wasserman, a partir de la contabilidad de las universidades públicas es muy difícil establecer cuál es el costo para el Estado de un estudiante matriculado en una universidad pública acreditada. Sin embargo, para determinar este costo podemos basarnos en lo que el ICETEX transfiere por un estudiante de SSP que se matricula en una IES acreditada pública, que son en promedio $5,6 millones por semestre. Por su parte, el costo promedio que se transfiere para financiar un estudiante de SPP es de $ 6,9 millones. Entonces, con la plata de un estudiante de SSP se financiarían en realidad 1,2 estudiantes en una universidad pública, y no 16,6.

Segundo, el editorial también sugiere que el país debería dejar de financiar la demanda y hacerlo exclusivamente a la oferta. Para tomar alguna decisión debe tenerse en cuenta que la educación pública acreditada hoy NO ofrece la posibilidad de acceso ni siquiera a la mayoría de los jóvenes más brillantes del país de escasos recursos (ver). De hecho, antes de SSP, solo el 16 % de los jóvenes de estrato 1 en el 10 % más alto del puntaje en la prueba SABER 11 accedía a la educación superior de calidad. Con SSP ese porcentaje asciende a 49 %, igualando en porcentaje al estrato 6. Entonces, en Colombia los subsidios a la oferta no aseguran el acceso a la educación superior de calidad para los más vulnerables. Existe una “falla de mercado” originada en ese esquema, que se solucionó en parte con los subsidios a la demanda de SSP. Sugerir priorizar la transferencia a las universidades públicas y eliminar cualquier subsidio a la demanda sería excluir del derecho a una educación de calidad precisamente a los jóvenes más vulnerables. Se debe –eso sí— trabajar en mecanismos para que los subsidios a la demanda lleguen tanto a las universidades privadas como públicas y no abolir los subsidios a la demanda por puro prurito ideológico.

Finalmente, más que revocar un programa que ha demostrado el cierre de brechas socioeconómicas, se debe pensar en garantizar su financiación. Entre las posibilidades está que los beneficiarios, una vez graduados, aporten parte de los recursos de los que fueron beneficiarios, permitiéndoles eso sí la libertad de escoger el programa y la IES de calidad de su predilección. Eliminar esta opción cierra una puerta de responsabilidad social y retribución que sería valiosa para la sociedad, como lo como lo escribió clara y recientemente Daniel Mera (https://www.elespectador.com/opinion/conejazo-universidades-publicas-y-prioridad-en-educacion-columna-716902).

 

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