Por: Ana Cristina Restrepo Jiménez

Las dos manzanas

El problema no es la promesa de una vida eterna. El verdadero inconveniente radica en que algunos consideren que a todos nos interesa merecerla. Y, “más allá”, que creamos en ella.

Luego de probar el fruto prohibido, llegó la expulsión del Edén. Todo parecía perdido, pero no fue así. En un acto de misericordia, Dios dijo: “Eres polvo y al polvo tornarás”. ¡Aleluya!

Pero resulta que, según la Biblia, el “premio” al perdón de los pecados es la vida eterna, de ahí la resurrección y todo lo demás.

En su ensayo Bases del conflicto, del libro Religión y ciencia, Bertrand Russell expone tres puntos de profundo conflicto entre ambas. En primer lugar, la religión defiende una verdad absoluta mientras que la ciencia habla de una verdad técnica, es decir, una “categoría de verdad que corresponde a toda teoría que pueda emplearse con éxito en invenciones y en la predicción del futuro”. Segundo, teología y ciencia chocan por cuanto la primera se basa en principios de autoridad y la segunda en observación. La voz del creyente busca ser obedecida; la del científico, refutada. La tercera dificultad, en la que quiero ahondar, es: “La religión ha estado asociada no sólo con credos en iglesia, sino con la vida personal de los que sienten su importancia”. Es “una manera de sentir”, afirma el pensador británico.

Los sentimientos son personales, manifestación de la individualidad, van ligados a lo más íntimo del ser. Si las creencias religiosas están vinculadas a ese fuero interno no tienen por qué ser impuestas a otros.

Si se trata de decisiones de Estado —de un Estado laico—, el asunto es más claro: cada ciudadano puede decidir con libertad sobre su futuro, siempre y cuando ese ejercicio individual de escrutinio no afecte la libertad de otros (mantra del pensamiento liberal).

La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social reglamentar la sentencia T-970 de 2014. El ente debe diseñar y plantear un derrotero que garantice la muerte digna a los colombianos en los hospitales y clínicas del país.

La decisión de morir dignamente la podrá tomar un enfermo terminal mayor de edad, previo concepto del médico tratante. Si se encuentra en estado vegetativo o inconsciente, deberá haberlo dejado estipulado de forma verificable. Algunos casos especiales (por ejemplo, los niños) serán sometidos a la reglamentación en el Congreso por medio de una ley estatutaria.

Cada individuo decidirá sobre su propio destino.

Si el Estado colombiano admite la práctica de la eutanasia no quiere decir que la esté imponiendo a todos sus ciudadanos. Los creyentes no están obligados a someterse a ella.

Se equivoca la Iglesia católica al presionar con el cierre de clínicas y hospitales (“pecados por omisión”, dirían las monjas de mi colegio). Algunos preferimos morder una segunda manzana: renunciar a la resurrección, regresar al “polvo elemental que nos ignora” y prescindir de la “purificación” de la agonía, que es la forma racional (y real) de la vida eterna.

 

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