Las elecciones legislativas del Perú

Más benéfico que perjudicial, el cierre del Congreso peruano representa una oportunidad inédita para la democracia.

Como lo informaban los editoriales y columnistas de La República y El Comercio, desde inicios de octubre el Perú se sumió en la incertidumbre tras la orden presidencial de Martín Vizcarra que disolvió el parlamento y llamó a nuevas elecciones legislativas.

La decisión se adoptó luego de que el Congreso rechazara tramitar una “cuestión de confianza”, instrumento constitucional que, como supe después, le permite al gobierno pedirle al legislativo que respalde una política, iniciativa o decisión de gestión. En esta ocasión, el gobierno pedía respetar la decisión del Tribunal Constitucional de negar la incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, magistrado cuya elección fue impugnada por la exsenadora María Elena Foronda, quien denunció ante la Fiscalía que su voto para elegir al magistrado en cuestión había sido suplantado. A pesar de la gravedad de la denuncia, Pedro Olaechea, presidente de la corporación legislativa y primo de Ortiz de Zevallos, dio libre curso al proceso de nombramiento.

La Constitución peruana de 1993 establece que si el parlamento niega la cuestión de confianza, el presidente queda facultado para diluir el parlamento y hacer un llamamiento inmediato a nuevas elecciones legislativas, como efectivamente ocurrió.

Aún es pronto para diagnosticarlo, pero creo que la disolución ordenada por el presidente Vizcarra actuó como una garantía de estabilidad institucional y de cambio político exento de violencia, sobre todo si se compara al Perú actual con Chile y Ecuador. No podemos olvidar que en un país donde todos los expresidentes vivos y la mayoría de las bancadas legislativas están involucrados en el escándalo de corrupción de Odebrecht, el llamamiento a elecciones y el mantenimiento de la independencia judicial para garantizar la imparcialidad de los procesos por corrupción son dos decisiones difíciles de criticar.

Contrariamente a Keiko Fujimori (hoy detenida) o al desaparecido Alan García, el presidente Vizcarra tiene a su favor la ventaja de poder enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción. Esa lucha implica continuar las investigaciones contra los miembros del extinto Congreso por su relación con Odebrecht; iniciar otras contra los miembros de la Comisión Permanente, como la aprista Luciana León (presunto brazo político de los “Intocables Ediles”, organización criminal que cobraba montos ilegales a los comerciantes del distrito limeño de La Victoria); despejar las dudas sobre la legalidad de la participación de los miembros del Congreso disuelto en las nuevas elecciones legislativas, y garantizar la independencia del poder judicial con respecto a los nombramientos de los magistrados constitucionales, para que no vuelvan a repetirse casos como el de Ortiz de Zevallos.

Con toda la élite política investigada o procesada, es bastante probable que los partidos no tengan la capacidad de llenar las sillas del legislativo y lleguen nuevos perfiles políticos en las próximas elecciones. Quedan 60 días para saberlo. Por ahora, aunque el cierre del Congreso y las nuevas elecciones no signifiquen el fin de la corrupción en el vecino país, sí representan la renovación de una corporación profundamente desprestigiada. Y eso ya es un acierto.