Por: Elisabeth Ungar Bleier

Las elecciones no pintan bien

El panorama que se vislumbra para las elecciones de octubre es muy preocupante. En una entrevista reciente, la ministra del Interior señalaba varios de los problemas y riesgos que se enfrentan. Entre ellos, la captura del Estado con el fin de “adueñarse de la contratación pública”, la presencia de actores vinculados al narcotráfico y a la minería ilegal, el ingreso de recursos provenientes de estas actividades a las campañas, y la violencia y amenazas contra líderes políticos y candidatos. Estos son problemas críticos, que han sido identificados y denunciados de tiempo atrás, pero que en lugar de disminuir parecen arraigarse cada vez más en las prácticas políticas.

Todos ellos se acentúan en los comicios territoriales, por varias razones. Por la debilidad institucional y la poca o nula presencia de las autoridades electorales, la incidencia de múltiples actores ilegales en las instancias públicas y privadas, el maridaje entre el poder político y económico en manos de unos pocos clanes familiares, la relación perversa entre contratistas y candidatos, la falta de garantías para algunos sectores políticos y la compra de votos hacen parte de esta realidad. A esto se suma la desprotección y el aprovechamiento de las víctimas del conflicto armado, que, como lo denunció hace unos días en El Espectador Ramón Alberto Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, se volvieron un “botín electoral” de quienes, a cambio de ofrecerles dinero o falsas promesas de ayudarlas en algunos trámites, les compran su voto. Y como si lo anterior no bastara, la “subasta” de avales con el único propósito de obtener aliados en las administraciones locales.

Se requieren reformas que ataquen de raíz las causas de estos problemas y medidas contundentes de prevención, control y sanción a las irregularidades y delitos electorales. Pero el Gobierno Nacional parece estar más interesado en imponer candidatos desde la capital y controlar por decreto los lugares y fechas de manifestaciones y actos políticos, facultad que les corresponde a los mandatarios locales, como si esto mitigara los riesgos que rodean las elecciones de octubre. Restringir los derechos políticos no es una opción. Se necesitan cambios de fondo en el sistema electoral y de partidos y en la institucionalidad encargada de vigilar el desarrollo de las elecciones, dotándola de los recursos, herramientas y condiciones para garantizar su independencia, transparencia, eficacia y eficiencia. Una reforma política que ni el Gobierno ni el Congreso parecen interesados en apoyar, como nuevamente quedó demostrado en la legislatura que acaba de terminar.

En este contexto, es fundamental que la ciudadanía esté vigilante durante la campaña electoral y las elecciones de octubre. Asimismo, debe exigir transparencia en el proceso de elección del nuevo registrador nacional, quien deberá posesionarse en diciembre. Ya se han comenzado a conocer los nombres de algunos candidatos y cuestionamientos por sus actuaciones en cargos anteriores, así como por presuntos nombramientos y contratos a personas cercanas a los presidentes de las altas cortes, quienes son sus electores. Ante este panorama, en ellos recae la responsabilidad de que el próximo registrador reúna las más altas calidades éticas y profesionales que este cargo exige.

#26DeJulioMarchemosPorLosLíderes

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2019-07-18T00:00:47-05:00

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