Por: Columnista invitado

Las fronteras del estupor

LOS HABITUALES ACTOS DE VIOLENcia contra los niños en Colombia parecen ser parte de una depravada competencia por alcanzar el mayor grado de inhumanidad hacia ellos.

En la medida en que la ciudadanía se entera de su creciente ocurrencia y atrocidad cruzamos las fronteras del estupor ante esas repugnantes acciones. Algunos ciudadanos piensan que pese a la gravedad de los crímenes estos aún no generan el grado de movilización nacional que merecen. Si bien la tolerancia hacia esos actos es cada vez menor, es imperioso forjar una conciencia colectiva más comprometida y despierta sobre los riesgos y terrible realidad que viven nuestros niños.

Cuando estos hechos suceden surgen iniciativas como la de imponer la pena de muerte o la cadena perpetua a los responsables de estas conductas aberrantes. Iniciativas que pronto caen en el olvido ante el desplazamiento de la atención del país hacia otros sucesos. Son propuestas reactivas y fragmentadas, surgidas de la explicable indignación colectiva que se enfocan en los síntomas de una violencia compleja y multicausal. Lamentablemente, un común denominador en los actos violentos contra los niños es la poca disposición de estadísticas confiables e investigaciones que permitan disponer de una visión integral del fenómeno.

En respuesta a cuestionarios presentados por organismos como la Secretaría General de Naciones Unidas sobre el tema, el propio ICBF ha reconocido en el pasado que el país vive una situación de violencia generalizada. Esta se manifiesta en diversos escenarios e involucra a distintos actores y se presenta tanto en el ámbito público como en el privado. No es menos grave la violencia intrafamiliar con sus dimensiones psicológicas, físicas, sexuales y de privación o negligencia en el cuidado del menor. Adicionalmente, la degradación del conflicto armado ha llevado a que un número significativo de niños y niñas se vean reclutados y afectados. Según esa misma entidad oficial “por cada víctima mortal, muchas más personas resultan heridas, debilitadas síquicamente o discapacitadas de por vida, dado que las consecuencias no mortales son mucho más frecuentes que las mortales”.

Los actos de crueldad contra los niños, como la muerte de cuatro hermanitos en el Caquetá, constituyen un desafío de individuos u organizaciones criminales al Estado colombiano y a la propia sociedad. Ellos recurren al uso premeditado y anunciado de la fuerza para asesinar, intimidar, despojar, desplazar y dañar a esos infantes y a sus familias. Los perpetradores, a semejanza delo sucedido en Iguala, México, no miden las consecuencias de sus acciones contra los menores ni esperan la indignación nacional porque están acostumbrados, a la indiferencia ciudadana, a la negligencia de las autoridades locales y al ejercicio impune de su poder material.

Sin embargo, a pesar de su complejidad y multicausalidad, la violencia contra los niños es evitable si existe un compromiso conjunto entre el Estado y la comunidad para su protección integral. El punto de partida, como lo proponen los expertos, es considerar a los niños y niñas como sujetos plenos y autónomos de derecho y no simples objetos de compasión y subordinación.

 

 

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