Por: Columnista invitado EE

Las Igualadas y el riesgo de una mala decisión de la Corte Constitucional

Por Luis Manuel Castro Novoa*

La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará la acción de tutela presentada por Kika Nieto en contra de El Espectador y su canal de YouTube Las Igualadas. La Corte definirá si con su decisión garantiza la libertad de expresión y el derecho a opinar así esto pueda incomodar o si, por el contrario, convierte su jurisprudencia en un manual de urbanidad y buenas costumbres en internet donde se pueden decir unas cosas y otras no.

Durante el último año, la Corte ha mostrado un interés creciente por estudiar cuestiones que plantean desafíos sobre la comprensión del derecho a la libertad de expresión en internet. Así lo demuestran la audiencia que convocó la Corte el pasado 28 de febrero para discutir una serie de casos relacionados con el control, la responsabilidad, los límites y la autorregulación de libertad de expresión en plataformas digitales y la escogencia de este tema como asunto central del XIV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se realizará el próximo 19 de septiembre.

La selección del caso de la youtuber Kika Nieto vs. Las Igualadas para ser estudiado por parte de la Corte, puede enmarcase en este contexto. Kika Nieto presentó una acción de tutela en contra de El Espectador y Las Igualadas con el fin de exigir una rectificación y el retiro del video en el que era cuestionada. Argumentó que el video violaba sus derechos al buen nombre y honra. Por supuesto, la tutela fue negada, entre otras, porque el juez consideró que las afirmaciones de Las Igualadas se encuentran protegidas por la libertad de opinión y la prohibición de censura.

Aunque comenzó siendo un caso relativamente simple, hay dos eventos durante el trámite en la Corte que vale la pena mencionar: por una parte, aunque el caso no fue inicialmente escogido para su revisión, un magistrado insistió en él y argumentó la necesidad de analizar “si las manifestaciones realizadas en plataformas virtuales en canales como el de YouTube, que cuentan con respaldo de medios masivos de comunicación, deben sujetarse a las limitaciones constitucionales previstas para el ejercicio de la libertad de expresión”. De otro lado, llama la atención que, sin alguna consideración especial aparente, se decidió que el caso iba a ser fallado por la Sala Plena de este alto tribunal.

Después de casi un año en la Corte, finalmente este caso será estudiado por la Sala Plena. Varias organizaciones de la sociedad civil y sectores de la academia presentaron sus opiniones sobre el caso a la Corte. Hubo consenso en todos y cada uno de los conceptos en al menos dos planteamientos:

En primer lugar, las afirmaciones hechas por Las Igualadas constituyen opiniones. Esto significa que, a diferencia de lo que se espera de quienes se dedican a informar, las afirmaciones de Las Igualadas no están sujetas a un control de veracidad e imparcialidad, pues constituyen una expresión libre y subjetiva de sus pensamientos y puntos de vista sobre lo dicho por Kika Nieto. Ninguna de estas afirmaciones excedió los límites definidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos, por lo tanto, no existe ninguna razón para que sean censuradas.

En segundo lugar, por el contrario, la argumentación de Las Igualadas —hecha en el mismo canal de comunicación para responder, cuestionar o expresar opiniones alternativas o puntos de vista diferentes a los expresados por Nieto— debe ser protegida constitucionalmente dado que reviste un especial interés público, pues expresa consideraciones relevantes para el debate democrático sobre los derechos de personas que han sido históricamente discriminadas.

En efecto, se trata de un asunto jurídicamente fácil. Sin embargo, eso no significa desconocer que la decisión que adoptará la Corte encierra una altísima sensibilidad constitucional para la libertad de expresión. De hecho, preocupa el riesgo de que la Corte, estudiando este caso, termine fijando un precedente en el que considere que debe modularse o restringirse lo que se puede decir en las redes más allá de aquellos límites que ya están definidos en la jurisprudencia, como la propaganda a favor de la guerra o la apología al odio que configure una incitación al delito o a la violencia.

En concreto, la atención sobre este asunto nos permitirá saber si con la decisión que adopte la Corte se garantizará la libertad de expresión y el derecho a opinar o si el alto tribunal se inclina por convertir su jurisprudencia en un manual de conducta y buenas maneras en el que le dice a youtubers, influencers y demás comunicadores digitales qué pueden decir y qué no.

* Profesor de derecho constitucional de la Universidad Nacional y miembro de @Ius_Digna.

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