Por: María Teresa Ronderos

Las justicias especiales y la memoria selectiva

John fue asesinado a los 15 años porque se resistió a ser reclutado por Fredy Rendón, alias El Alemán. A otros 309 niños sí se los llevó su bloque paramilitar; 22 de ellos tenía entre diez y 14 años. Por estos y muchos otros delitos atroces, incluida la violación de mujeres, la justicia le dio a Fredy Rendón más de 50 años de cárcel, pero pagó apenas ocho. Hernán Giraldo, apodado El Taladro por las 200 y más niñas a las que violó, sometió a esclavitud y entregó luego al placer de sus tropas, fue condenado a 16 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, pero no respondió ante nadie por el enorme daño que le hizo a la infancia del Magdalena ni resarció a ninguna víctima.

Esa fue la justicia especial para la paz que implementó el gobierno Uribe en la primera década del siglo XXI en Colombia. Hubo impunidad, pero frenó la máquina de terror paramilitar. Ahora, en un ataque de memoria selectiva, el uribismo clama que es necesario acabar la actual justicia especial, fruto del acuerdo de paz con las Farc, porque alegan que delitos atroces como el reclutamiento y violación de niñas quedará en la impunidad.

Enarbolando esa bandera, avalan a la Corporación Rosa Blanca creada en enero de 2018 por mujeres víctimas en las filas de las Farc, quienes insisten en que la justicia especial no las escucha. De nada ha valido que el magistrado Iván González, relator del caso que lleva esa corte transitoria sobre reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado, les pidiera en persona y en carta pública que presentaran su informe y ofreció que su entidad daría asesoría técnica para elaborarlo. De hecho, ya lo ha hecho con dos de los seis informes que otras organizaciones de mujeres víctimas del conflicto presentaron la semana pasada. Tampoco las ha convencido que esta justicia enviará un mensaje claro al respecto, cuando negó amnistiar al exguerrillero De Lima Contreras porque había sido condenado por reclutar y violar a una niña wayúu.

Esta justicia especial también abrió un caso para las víctimas de secuestro. Ha escuchado ya el testimonio de 18 hombres y 12 mujeres que estuvieron en cautiverio forzado por las Farc y tienen registradas a 304 más. A pesar de ello, el colega Herbin Hoyos, reconocido por su sensible labor en favor de las familias de los secuestrados, repite en público que esta justicia especial no escucha a las víctimas de las Farc y que por eso pide referendo para derogarla.

Si la campaña del uribismo para desmontar la Justicia Especial para la Paz (JEP) ofreciera honestamente una alternativa para traer mayor justicia a las víctimas de las Farc, sería respetable. Pero no es así. Los eslóganes de “niños en el parque y narcos y en cárcel” encienden pasiones y traen votos, pero son irresponsables con las víctimas. Las meten en un camino de meses de estériles discusiones leguleyas para forzar un referendo, sabiendo que dispersan su causa y malgastan tiempo de oro. Les hacen perder la enorme la oportunidad de contribuir y participar con la Justicia Especial de Paz para forzar a los jefes guerrilleros a que respondan por las niñas que reclutaron y convirtieron en esclavas sexuales y por las mujeres a las que hicieron abortar o forzaron a esterilizar. Si estos jefes no contribuyen a que se sepa el fondo de sórdidas prácticas, y no trabajan para reparar a sus víctimas, la JEP puede imponerles penas hasta de 20 años. Si responden, ganan ellos libertad, sí, pero más ganan las víctimas con la verdad pública y nosotros todos con la paz.

 

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