Por: Álvaro Camacho Guizado

Las maldades del prohibicionismo

HACE UNOS DÍAS UN BUEN AMIGO ME puso el tema de los cultivos ilícitos y me pidió mi opinión. En ese momento no le di una respuesta clara, de modo que ahora aprovecho para hacerlo.

Me gustaría decirle que parto de la idea de que el prohibicionismo ha producido una cadena delictiva en la que sus extremos, los productores originales y los consumidores finales, son incluidos en una cadena delictiva. Para los últimos, el castigo es la cárcel, y para los primeros, la erradicación forzosa, particularmente a través de la fumigación aérea, se convierte en un castigo.

 En efecto, para los campesinos productores el recibir una descarga de veneno en sus cultivos se convierte en una forma de agresión que destruye su trabajo, tanto en los cultivos ilícitos como en los lícitos que coexisten con los primeros. Los de pancoger resultan afectados, sin que el productor reciba alguna forma de compensación. Y a esto deben agregarse los eventuales efectos en la salud humana y de animales domésticos. Así, la afectación es múltiple.

 Varios trabajos de evaluación en Perú han mostrado que el cultivo de hojas de coca genera unos ingresos que apenas sirven para garantizar la reproducción física del campesino y su familia, mientras que los tradicionales no alcanzan para ese propósito, lo que se traduce en el abandono de los predios mejorados, los cuales pasan así a formar parte de la expansión de la ganadería extensiva en poder de grandes intereses económicos, y en la ampliación de la frontera agrícola en suelos débiles y no aptos para la agricultura.

 A lo anterior se agrega que el campesino busca no sólo resembrar lo fumigado, sino trasladarse a nuevos espacios para compensar sus pérdidas, lo que estimula más aún esa expansión de la frontera. Un ciclo similar ha sucedido ampliamente en Colombia.

Cuando hace pocos días los campesinos de Caucasia protestaron de manera masiva contra la erradicación manual, estaban dando los argumentos anteriores, y eso que no se trataba de envenenar suelos con Glifosato. ¿Quién y cómo, se preguntaban, nos va a compensar las horas de trabajo dedicadas a la siembra y cuidado de las plantas? ¿Quién nos aporta los ingresos que perdemos?

 No se trata, desde luego, de que se fomente la siembra, o que se dejen proliferar los cultivos ilícitos: se trata de no dar a los productores directos el trato que actualmente reciben. No está bien, pienso, que mientras ellos experimentan toda la carga represiva del Estado y no sean recompensados, los grandes detentadores de tierras usurpadas pasen de agache y puedan usufructuar el producto de su actividad delictiva. Ellos son los elementos dinamizadores por excelencia de la cadena delictiva del narcotráfico.

Yo no he sabido de un solo caso en el que el Estado colombiano haya diseñado un proceso de concertación con productores directos de coca según el cual a cambio del cese del cultivo les sean entregados predios aptos para otros cultivos de manera gratuita, con apoyo técnico y financiero, dentro de la frontera agrícola, de manera que tengan acceso fácil a centros de mercadeo de sus productos. Estoy seguro de que el día que se concrete una política de ese tenor las fumigaciones aéreas serán cada vez menos necesarias.

 Y no me refiero al programa de “Familias Guardabosques”, puesto que éste mantiene a los productores en sus lugares de origen, en medio de las malas condiciones para su reproducción y coexistiendo con los cultivos ilícitos que sí benefician a sus vecinos no afiliados al programa. El subsidio aportado por este programa es notoriamente insuficiente.

  Mi amigo reconocería que el costo de las fumigaciones aéreas es monstruoso, que  Colombia derrocha en la operación una porción sustancial de fondos que bien podrían dedicarse a mejorar las condiciones de vida de los productores.

Y también reconocería que pagamos el precio de una política impuesta por un prohibicionismo miope, fanático y obsoleto, que nos impide aprender de múltiples experiencias europeas, más sensatas y benéficas para nuestros intereses.

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