Las mediadoras de los derechos

Por María Ximena Dávila*

¿Quién garantiza los derechos de las mujeres donde el Estado está ausente? En Montes de María, una de las regiones con más cicatrices del conflicto armado, con instituciones frágiles y con burocracias politizadas, el mensaje de los derechos ha llegado a las mujeres gracias a las lideresas. Son ellas quienes han tomado el papel del Estado, quienes hacen que la ley se materialice. Como lo dice Jael, una de las lideresas de la región: “Asumimos una tarea que no nos dio nadie, sino que responde a una demanda y una demanda cercana”. Han hecho cumplir la ley en ámbitos donde parecía invisible.

Son ellas, las lideresas locales, quienes han mediado ante el sistema de justicia para lograr que víctimas de violencia de género puedan tener respuesta del Estado. Muchas de ellas han litigado directamente los casos, han sensibilizado a los fiscales y se han enfrentado a los operadores de justicia. En ocasiones, su vida también ha corrido peligro y esto no las ha detenido. Las lideresas también han logrado que las mujeres de la región puedan acceder a salud sexual y reproductiva. Ante la negativa de muchos hospitales de realizar procedimientos o de otorgar medicamentos —y, en especial, ante la concepción regional de que las mujeres no tienen agencia para decidir sobre sus cuerpos—, ellas han invocado la existencia de la autonomía y los derechos reproductivos.

Pero estas lideresas no solo han tomado el papel del Estado en ámbitos prácticos, sino que han incidido en escenarios más insospechados e íntimos de la vida de las mujeres. Han abordado su dolor y sus rastros emocionales, esas rupturas que la justicia pocas veces puede cerrar. Ante la ausencia de reparación psicosocial a víctimas de violencia de género, las lideresas han asumido esta labor a través de acompañamiento, de encuentros y de reuniones periódicas con mujeres. Al crear comunidad, ayudan a resignificar su trauma y su dolor.

Las lideresas montemarianas son una muestra del poder de las iniciativas locales. Su trabajo nos muestra que la legalidad también se construye desde abajo y que, en lugares donde el Estado es débil, pueden servir de mediadoras para garantizar los derechos y reconstruir el tejido social. Pero, además, estas mujeres retan las nociones tradicionales sobre quiénes son los actores legitimados para hacer cumplir la ley. Les han recordado a los burócratas de ventanilla, a los funcionarios médicos y a las autoridades que las mujeres tienen derechos y que los agravios que sufren deben ser abordados por la justicia. Son ellas las que construyen un incipiente sentido de legalidad y justicia en la región, las que merecen un mayor reconocimiento por su incansable, y a veces invisible, labor.

* Esta columna está inspirada en el trabajo que venimos realizado durante el último año en Dejusticia sobre derechos sexuales y reproductivos en Montes de María.