Las mujeres se pronuncian

Para todos aquellos y aquellas que desprecian el papel que la mujer puede jugar en la política, lo que acaba de suceder en el Congreso de la República es una gran lección.

Salió adelante el proyecto de Ley para Prevenir, Erradicar y Sancionar toda forma de Violencia contra las Mujeres. Su trámite fue difícil y se enfrentó a todo aquello que caracteriza a una sociedad donde la igualdad de género es más un discurso que una realidad.

 Sin embargo, después de dos períodos legislativos se logró vencer las dificultades y han quedado en evidencia interesantes e importantes reflexiones que deben destacarse. Se avanzó en la protección efectiva de la mujer víctima de la violencia de pareja; se reconoció el problema de la violencia contra la mujer como un asunto de la sociedad y no sólo de la familia afectada, y finalmente, se consolidó el ejercicio democrático de la bancada de género como ejemplo de concertación política.

Gracias a esta norma, denunciar la violencia contra la mujer dejará de ser un problema exclusivo de la violentada y la acción penal en contra del agresor procederá con la denuncia de cualquier persona, incluso de oficio, y se llevará hasta que se determine y castigue la agresión. Ya las mujeres, arrepentidas o asustadas por haber denunciado a sus cónyuges, no podrán desistir de la acción y seguir permitiendo la impunidad.

Este asunto es ahora un problema de la sociedad: los golpes, las violaciones y los insultos ya no son un tema de la intimidad de la pareja, sino que la sociedad en pleno tendrá que intervenir, prevenir, denunciar, juzgar y brindar todo el andamiaje de protección para que la mujer, junto con sus hijos, pueda reconstruir su vida en un marco de dignidad y seguridad.

A través de esta ley, nosotras las parlamentarias, asumiendo nuestra condición de mujeres, damos un mandato al Estado para que coordine sus instituciones de salud, de juzgamiento, asistencia y educación en función de atender a la víctima de esa violencia. Las acciones de coordinación van desde ofrecer lugares seguros de resguardo, restricciones a los hombres maltratadores, protección a la mujer en su propio hogar, asistencia física y sicológica tanto a madres como a hijos, y el apoyo para el desarrollo de actividades productivas tendientes a garantizar la subsistencia de la mujer. Además, el acoso sexual se volvió delito.

Se le da gran importancia al mejoramiento de los niveles educativos de las mujeres como una condición previa para disminuir y prevenir el maltrato. Aunque las mujeres de todas las clases sociales pueden ser sujeto de abusos y golpizas, estadísticamente el fenómeno es más frecuente y notorio en las mujeres sin acceso a la educación.

Asimismo, esta ley permite el ejercicio de la independencia y autonomía ante una situación de violencia en la pareja. El Estado tendrá que garantizar que las mujeres vejadas tomen sus propias decisiones sin interferencias y asegurar alternativas y posibilidades de vida que las reconstruyan como seres humanos. Ahora bien, el papel del hombre frente a este panorama no


será menos relevante: ahora tienen deberes no sólo de solidaridad y comprensión de estos hechos como un problema de todos, sino que deben asumir una actuación efectiva para denunciarlos, atenderlos y sancionarlos cuando sea de su competencia.

Pero tal vez el hecho más importante en términos políticos ha sido el ejercicio democrático que rodeó su formulación, discusión, gestión y aprobación. El Congreso de la República como escenario público de debate y decisión fue testigo del nacimiento de sus mujeres como fuerza política unida frente a un tema, el género. La consolidación de la bancada como concepto que agrupa a mujeres que se miran a sí mismas como tales y que reconocen un objetivo superior que las hace iguales ante la sociedad, a pesar de sus diferencias partidistas, es una conquista verdaderamente democrática. La Bancada de Mujeres parlamentarias es una nueva realidad de la sociedad colombiana y significa el principio de un necesario cambio cultural hacia la igualdad entre hombres y mujeres.

 Cecilia López Montaño. Senadora de la República. Bogotá.

Basta ya

Resulta contundente la afirmación en varios medios de opinión (El Espectador, editorial, junio 15, 2008) en el sentido de que los protagonistas “deben dejar la investigación en las manos de la justicia”... Por lo anterior, basta ya de opiniones, discusiones y comunicados. Este asunto entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y Yidis Medina es como una pelea de comadres que se disgustan y se dicen las verdades y secretos después de haber comido en el mismo plato y haberse servido mutuamente.

Queremos a un señor Presidente que dedique sus energías y conocimientos en causas de Gobierno, mejor dicho, como él mismo lo prometió en la primera campaña, a “ trabajar, trabajar y trabajar”, y lo más conveniente es que la justicia diga la última palabra.

 Jorge Giraldo A. Santa Marta.

Los diputados

El execrable crimen de los once diputados cometido por el grupo terrorista de las Farc no sólo está rodeado de un cúmulo de mentiras y falsedades, sino de hipocresías e irrespeto hacia su memoria y al sufrimiento de sus familiares. No se les puede rendir un homenaje a los compatriotas inútilmente sacrificados, mientras no exista justicia y equidad en la censura de actuaciones circundantes al abominable crimen. No basta la condena que todo el país ha proferido al grupo terrorista que físicamente efectuó la acción, mientras la misma no se aplique a personajes de la vida nacional, que impune y descaradamente andan en contubernio con los asesinos y hacen públicas menciones apológicas a los líderes de esa organización, mientras se agazapan y protegen en partidos políticos que no han tenido la valentía, probidad y grandeza de repudiarlos y apartarlos de sus colectividades.

 Ricardo Buitrago C. Barranquilla.

 

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