Por: Tatiana Acevedo Guerrero

Las necesidades de esta costa del mar

En la Colombia del fin de la hegemonía Conservadora, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros enumeró ante el Congreso las actividades prioritarias de la entidad. Entre estas figuraba la “importancia de presionar al Gobierno en favor de los intereses comerciales de los cafeteros”. Además de contratos de libre comercio de café con distintos países, se gestionaba “la rebaja en los fletes del puerto del Pacífico”. El gerente habló entonces de la necesidad de crear una oficina de la Federación en Buenaventura para “poder influir al Gobierno y conseguir mejores precios en el puerto”.

Tras la República Liberal y la violencia de los 50, dos proyectos de ley se refirieron a esta ciudad, pegada al puerto y al mar. El primero, de 1966, propuso el urgente “mejoramiento urbanístico de Buenaventura” a través de la extensión de servicios básicos como el agua. El segundo, de 1969, autorizó un empréstito del BID para ampliar la capacidad de almacenamiento del puerto. Un año después, en 1970, el boletín oficial de acción cultural popular para el municipio de Buenaventura describió con detalle los propósitos y preocupaciones de la comunidad, organizada en un paro cívico.

“Nuestro progreso debe ser a nivel social, comunitario, en lo económico, político, cultural. Nuestros problemas sólo los podemos resolver nosotros mismos. Uniéndonos, dialogándolos, poniéndonos de acuerdo y luchando contra toda opresión por organismos jerárquicos y judiciales, importados, que no estén de acuerdo con nuestra cultura propia y autóctona de la región”. Así, pescadores, agricultores, transportadores y empleados de la ciudad se declararon en paro, a la vez que constataron que los liberales, conservadores y la oligarquía no serían agentes del cambio de una región “desconocida por ellos mismos, sus intermediarios y albaceas”. Representantes de sindicatos y voceros del paro manifestaron su desconfianza hacia los ministerios y otros “organismos institucionales del interior”, pero reconocieron que los necesitaban (“no serán más que un sistema del cual nos debemos valer como medio para que hagamos nuestro programa propio de acuerdo a las necesidades de esta costa. Hoy, no teniendo otros medios, será difícil prescindir por el momento de ellos”).

Estas distintas viñetas dentro de la narrativa de Buevantentura y su puerto dan cuenta de tres continuidades. La primera, en la prioridad que las élites económicas y el Gobierno le han dado al buen funcionamiento del puerto: aumentar capacidad de almacenamiento, reducir los salarios de trabajadores y dar vía libre al comercio a cualquier precio social. La segunda, en la precariedad de los servicios urbanos de bienestar (agua, luz, salud, educación, vías). La tercera, en la inconformidad de las comunidades y la desconfianza hacia políticos avispados de Cali y tecnócratas (delegados del Gobierno central).

Ha habido, sin embargo, dos grandes rupturas en la historia de la ciudad. Ambas, quizá, han sido consecuencia de la desigualdad que se cristalizó entre el puerto, el país y la ciudad. Una de estas rupturas se dio con la consolidación y muy reciente desmovilización de frentes de las Farc. Otra ruptura se materializó con el narcotráfico. Con el narco llegó el paramilitarismo. Algunos del Bloque Calima, que además contaron con el respaldo de tantos empresarios del Valle del Cauca, hoy se rencauchan en decenas de bandas criminales más pequeñas. No es sólo una conversación sobre infraestructura y servicios públicos la que el Gobierno y el país deben tener con las comunidades de Buenaventura. Es también una sobre discriminación racial, reparaciones y desigualdad. Sobre la proliferación de bandas privadas, al servicio del mejor postor. Sobre narcotráfico y alternativas a la guerra contra las drogas.

 

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