Por: Paloma Valencia Laserna

Las nóminas paralelas ¿innecesarias?

A principios de agosto apareció una circular conjunta de la Contraloría y la Auditoría General de la República en la que exhortan a las entidades públicas a acabar con las nóminas paralelas.

Se trata de la implementación de la sentencia constitucional C-614 de 2009 la cual conmina a los organismos de control a observar que las entidades del Estado no utilicen los contratos de prestación de servicios para ejecutar las actividades que son permanentes. La exigencia viene de la ley y tiene al menos dos sentidos: por una parte, los empleos públicos deben estar basados en una relación laboral, así los trabajadores tendrá privilegios; por otra parte, la burocracia y el número de funcionarios están controlados mediante procedimientos de selección que deben seguirse, de manera que el Estado no se convierta en una fuente de puestos para favores políticos y el presupuesto se disuelva sin tener capacidad de acción.

Aunque el asunto parece bastante claro y de fácil aplicación, las cosas en el aparato estatal no son tan nítidas. A pesar de los intentos de hacer un Estado más abierto, donde sean los meritos los que otorgan los cargos, no tenemos los resultados esperados. Los concursos son dispendiosos: costosos y difíciles de hacer. Lo que es más, el sistema de carrera administrativa no funciona bien. Este surgió para evitar que la burocracia estatal se convierta en un botín para los políticos de turno, así que una vez se accede a un cargo es casi imposible perderlo. Entonces, muchos funcionarios una vez entronizados no tienen los incentivos para esforzarse, cumplen con sus funciones a media marcha, y se limitan al formalismo de “hacer presencia”. La estabilidad laboral asegurada se convierte en desanimo.

Las nominas paralelas en el país no son menores, según un estudio de la Auditoría hay más de 122 mil contratos de prestación de servicios y según algunas cifras las vinculaciones “paralelas” alcanzarían a ser el 30% de los empleados estatales. Hay nominas, conocidas como “corbatas” donde los servidores prácticamente no tienen funciones y corresponden a favores políticos; es el caso de las contrataciones en el Congreso, las CAR y una práctica usada de las entidades de control. Ahora bien, no todas las nominas paralelas son malas o irracionales. En muchas entidades los funcionarios de planta son ineficientes y las entidades ejecutan parte importante de sus funciones mediante la contratación de jóvenes que, vinculados por un contrato temporal, se esfuerzan para cumplir las tareas asignadas y lograr su renovación; sucede en muchos ministerios. Hay paralelas que hacen parte de la cultura institucional, donde la competencia es incentivo para los trabajadores, como es el caso del DNP. Otras que cumplen funciones temporales, como los encuestadores del DANE que se necesitan cuando hay encuestas, o los profesores del SENA que varían según el número de estudiantes y las dinámica de los pensums. Más aún, hay nominas que surgen ante la imposibilidad de aumentar la planta el tamaño necesario; la ley 617 establece un límite al crecimiento de los gastos de funcionamiento. La Contraloría inaplicó la ley por dos años para lograr sinceridad en la nomina paralela; con la meta de que todo se vuelva planta.

Aquello puede ser un error. La discusión en torno a la pertinencia de las nominas paralelas requiere un debate más profundo. La reforma no puede limitarse a las contrataciones, sino a la estructura misma de la función pública. Es necesario considerar las ventajas laborales de los trabajadores, pero observando que la “planta” no necesariamente soluciona la funcionalidad del Estado, pues por el diseño de la carrera administrativa puede volver eficientes a los funcionarios. Además, una vez se crea planta no es fácil deshacerla, y el presupuesto de inversión empieza a reducirse irremediablemente. Finalmente, si tenemos en cuenta el alto desempleo que tiene Colombia y los pocos empleos formales, es prioritario analizar las virtudes de la flexibilidad laboral. La movilidad laboral permite que aquellos por fuera del sistema tengan oportunidad de acceder y los jóvenes recién graduados  encuentren espacios en la nomina estatal. Se trata de que los beneficios estatales no se concentren de manera permanente en unos, sino que estén abiertos para que todos tengamos la oportunidad de participar. Además así tendremos los funcionarios más competentes y motivados en el Estado.
 
 

 

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