Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Las ONG medianas y pequeñas están en peligro

La reciente legislación sobre las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), el tiempo bastante limitado que ha fijado el Gobierno para cumplir requisitos, y la tardanza con que ha entregado las indicaciones, formatos y procedimientos ponen en riesgo la existencia de pequeñas y medianas ESAL que vienen realizando un importante trabajo de gestión social y ambiental desde la sociedad civil.  

Como lo señala la Confederación Colombiana de ONG: las entidades colombianas sin ánimo de lucro corren inminente riesgo de desaparecer como consecuencia de la reglamentación del Régimen Tributario Especial (Decreto 2150, diciembre/2016) asociado a la reforma tributaria, que da un plazo muy corto y tiene muchos requisitos que las ESAL pequeñas y medianas no podrán cumplir en los términos impuestos. Sólo el 28 de marzo de 2018, la DIAN expidió la Resolución 019  por medio de la cual se adopta el Servicio Informático Electrónico y da 30 días para que todas las ESAL entreguen el registro web con el anexo de información en línea, si quieren evitar ser excluidas del régimen tributario especial. 

Este corto tiempo dificulta o hace imposible la gestión para las ESAL pequeñas y medianas. Se estima que por incapacidad de cumplir los requisitos impuestos, cerca del 70 % de las ESAL desaparecerán. Como miembro de juntas directivas de ESAL ambientales de diverso tamaño, he podido constatar que varias de ellas desaparecerán, si las fechas y las exigencias se mantienen como están hoy.

La Asociación Reserva Natural Suma Paz, que desde hace más de 25 años viene trabajando en la conservación del bosque nublado y del páramo que regula el caudal del río Sumapaz, que como reserva de la sociedad civil se sostiene con aportes de sus socios, no tuvo el músculo financiero para poder contratar expertos que la asesoraran en el cumplimiento de la norma y tomó la decisión de desaparecer como ESAL. Como éste hay muchos casos de pequeñas ONG que no tienen recursos distintos de los que aportan sus miembros y que la norma condena, no solo por tiempos sino también por contenido, a desaparecer.  

Una organización de tamaño medio como la Red Nacional de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur), que cuenta con 155 reservas afiliadas, está enfrentando grandes dificultades y ha tenido que destinar parte de los exiguos recursos que recibe de sus afiliados para contratar gente extra que le ayude a llenar los formatos. La aplicación de la norma también dificultará su gestión, pues lo que parece razonable para grandes ESAL no es operativo para medianas y pequeñas que “trabajan con las uñas” para hacer la gestión social y ambiental que se han propuesto. Organizaciones grandes como Fundación Natura, que quizá es la mayor y más importante ONG ambiental nacional, lleva cerca de tres meses trabajando y asumiendo un alto costo para cumplir la normatividad. Si queremos una sociedad civil fuerte y organizada, se debe ampliar el plazo y hacer reglamento con exigencia diferencial, de acuerdo al tamaño y tipo de ESAL.

El  Gobierno, con el Decreto 092 que reglamenta la contratación con las ESAL y la nueva reglamentación tributaria, está minando la capacidad de gestión de la sociedad civil organizada. ¿Será que el Gobierno prefiere una sociedad civil desorganizada y débil?

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