Las preguntas de la paz

EN EL EDITORIAL del 31 de enero se afirma: “nos quedó grande el posconflicto”, y al leer estas palabras me pregunto: ¿A quiénes “nos” quedó grande el posconflicto? ¿Al Estado, que como ustedes también recalcan, es “impotente” ante los asesinatos de cientos de líderes y activistas sociales? ¿A “Colombia”, a la cual ustedes aluden como “alguien” o “algo” que debe responder preguntas por la seguridad de “sus” pobladores? ¿Al Ejército y la Policía, de quienes no se duda de su buena fe, pero deben responder por los “errores” que cometen sus integrantes? ¿Al ministro de Defensa y el alto gobierno, que sostienen que todo “esto” es “asunto” de linderos o de faldas?

Soy consciente de que los editoriales son escritos de manera impersonal, eufemística y ambigua; porque así es la “técnica” del lenguaje periodístico, y de hecho este “antieditorial” u “otro editorial” está escrito con muchas entre comillas; pero creo que algunas cuestiones merecen precisiones.

Según la teoría sociológica y de otras disciplinas sociales, el Estado somos todos —así se separe entre Estado y sociedad civil— y el gobierno es un cuerpo transitorio que lo representa, es un cuerpo encargado de administrar por un tiempo la “cosa” pública, que debe seguir ciertas normas que permanecen en el tiempo, hasta que otros —por revolución, decreto o golpe— digan lo contrario. Una primera observación es entonces que, al indagar por responsables en materia de posconflicto, debe buscarse sobre todo entre quienes componen los gobiernos en todos sus niveles, en particular entre quienes están ungidos de autoridad para hacer uso legítimo de la fuerza.

Aclaro en este punto que aunque se habla de “posconflicto”, la “realidad” es que lo firmado en La Habana y el Colón fue un acuerdo entre dos partes: Gobierno y Farc; y en consecuencia estamos en un período de “posacuerdo”, orientado a facilitar que la insurgencia se integre en plenitud a la “democracia” y el Estado haga “todo” por facilitar que así sea, incluyendo la protección de la vida de los antiguos combatientes. De ahí en adelante, “todo” es incierto y depende en gran medida de la ley, “esa cosa rara” que hacen muchos enemigos de la paz como se constató en el fast-track legislativo reciente.

A diferencia de lo que esperaba, el gobierno, antes que disminuir el tamaño de la Fuerza Pública, lo que hizo fue incrementar el número de efectivos y fortalecer el presupuesto en seguridad y defensa, así como las alianzas estratégicas para combatir el terrorismo y el crimen organizado y desorganizado. La respuesta entonces a quién debe asumir la protección de la vida y bienes de todos los ciudadanos, sin exclusiones ni diferenciaciones de ningún tipo, la debe dar en primer lugar el actual gobierno. Es lugar común decir que solo con justicia social avanzaremos hacia una paz estable y duradera, “esa” paz que implica, al menos, cero asesinatos, “bastante” equidad y “demasiada” democracia. De lo contrario tendremos “mucha” paz armada y en esa no estoy interesado.