Las protestas del Pacífico

El descontento entre los países suramericanos no es menor que el que expresan los chalecos amarillos en Francia o los manifestantes libaneses hastiados de la corrupción y la restricción de la libertad de expresión. Tampoco es muy lejano de la indignación de los partidarios de la autonomía de Hong Kong frente a una China amenazante que persigue la unificación territorial y la hegemonía del Asia Pacífico. 

No nos encontramos frente a protestas ciudadanas aisladas, que resultarían de complots nacionales e internacionales aun cuando sea innegable que hay influencias externas o intentos de intervención. Pero ¿quién con algún grado de sensatez podría sostener que las protestas ciudadanas en Colombia son responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, o que las manifestaciones de Hong Kong son la consecuencia de la mano invisible de Washington? 

Estamos frente a un movimiento global y policéntrico, que denuncia la distancia creciente entre gobernantes y gobernados con un lenguaje innovador, que explota al máximo el poder de convocatoria de las redes sociales y que rechaza la perdida de autonomía en Asia y la creciente brecha económica y social en Europa y América latina. A viejos problemas como la eficacia distributiva de los sistemas tributarios o el financiamiento y funcionamiento de los sistemas pensionales, a la protesta social de hoy se han añadido nuevas reivindicaciones ecologistas, feministas, animalistas y de lucha contra la corrupción.

El impacto de las protestas no ha sido el mismo en todos los países suramericanos. En Perú y Argentina, donde las elecciones legislativas y la reciente elección de Alberto Fernández crearon las condiciones de un cambio desde arriba, hay pocos insumos para la protesta popular (por ahora). En Venezuela, la dolarización impulsada por el gobierno Maduro para relanzar el consumo interno, la escasa articulación de la oposición en torno a Juan Guaidó y los intentos fallidos del ‘bloqueo diplomático’, sofocaron cualquier posibilidad de alineamiento con los levantamientos de otras partes del mundo. Antes que debilitarse, el régimen venezolano se normalizó.

En Brasil, la marcha en 26 ciudades patrocinada por el Grupo Mulheres de Brasil del pasado domingo demuestra los vínculos que hay con otras manifestaciones que rechazan la violencia contra las mujeres en otros países de la región. Es probable que el aumento del precio de la gasolina y de la carne bovina que está previsto para diciembre aumente el descontento social. Una encuesta publicada la semana pasada por Datafolha señala que 80% de los encuestados desconfían de las declaraciones del presidente Bolsonaro, algo que sumado a la excarcelación reciente del expresidente Lula puede ser el indicio de una eventual oleada de protestas en los próximos meses.

Dicho esto, creo que los paralelismos entre la experiencia suramericana y el resto del mundo deben buscarse en la cuenca del pacífico. En Ecuador y Chile, como ya había ocurrido en Francia, las protestas iniciaron con el alza de los precios de los hidrocarburos y de las tarifas de los transportes públicos. En Bolivia (que no puede considerarse stricto sensu como un país del Pacífico, pero que obedece a muchas de sus dinámicas), la injerencia del ejecutivo en las elecciones presidenciales condujo a una serie de levantamientos que, finalmente, le abrieron paso a un llamamiento a elecciones presidenciales. Colombia, a pesar de su ingénita tradición de aislamiento, también se sumó a la oleada de protestas. Tres diferencias destacan la singularidad de este último caso con respecto al resto: la exigencia de respetar e implementar los acuerdos de paz de la Habana, la defensa de los líderes sociales y, a pesar de ciertos actos vandálicos, el clamor unánime de protestar pacíficamente. En un país apático, poco acostumbrado al diálogo y con una sociedad civil erosionada por el conflicto interno, se trata de una verdadera novedad. 

Todos los sectores involucrados en las protestas tienen mucho que aprender sobre diálogo social y elaboración de consensos (empezando por los extremos del ajedrez político), pero interpretar lo que está ocurriendo en Chile como el regreso de Pinochet o en Colombia como una declinación de castrochavismo es un error. A esto hay que agregar Quisiera que las promesas de un diálogo social vacuo e insignificante son la peor estrategia para tratar el sentimiento de indignación y descontento de una ciudadanía en busca de nuevos referentes políticos.

Es cierto que estas protestas no tienen una plataforma ideológica y programática unificada, pero eso no es un argumento suficiente para, como lo sostienen algunos de mis homólogos de este diario, calificar lo que ocurre en las calles colombianas como «marchas disfrazadas de protesta social», lideradas por «indígenas problemáticos» y «ingenuas confederaciones de trabajadores y estudiantes fanatizados». La multitud enfurecida del Bogotazo tampoco tenía un programa detallado ni un comité promotor. ¿Deberíamos entonces negar la legitimidad de aquel levantamiento?

No creo que la destitución de los presidentes sea la solución a lo que está sucediendo en ninguna de las repúblicas del Pacífico. A pesar del contenido de la actual reforma tributaria en Colombia, que favorece la desigualdad social por medio de un sistema tributario viciado, espero que el presidente Duque pueda llevar a cabo un diálogo nacional real, sin dilaciones, tribulaciones o posturas colmadas de arrogancia. Ya es hora de que en Colombia y en el resto del mundo se demuestre un poco de humildad política.