¿Las pruebas estandarizadas como indicador de calidad en la formación de maestros?

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Uno de los debates más álgidos de la evaluación se refiere a las pruebas masivas censales, test y modelos curriculares normatizados con el fin de medir la calidad de la educación a partir de unas categorías estándares establecidas por el mundo y la lógica empresarial, coherentes con una racionalidad técnica que prioriza resultados medibles y comparables, por encima de procesos y particularidades contextuales de los diversos entornos educativos.

A partir del año 2000, las concepciones mercantilistas de la educación que se venían instaurando y fortaleciendo en nuestro país desde los años noventa, establecieron como propósito la necesidad de que Colombia perteneciera a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), con el fin de mejorar sus indicadores de desarrollo económico a través del desarrollo humano; esto resultó ser el derrotero para la toma de decisiones que orientó la formación de mano de obra para el trabajo productivo de los empresarios e industriales, ajustando las competencias laborales y la formación que debían desarrollar las instituciones educativas, conforme a sus necesidades. De acuerdo con los profesores Libia Niño, Alfonso Tamayo, José Díaz y Antonio Gama en su libro Estándares y evaluación: ¿medición o formación?, estas son las premisas que explican las disposiciones legales que regulan el sistema educativo y privilegian el Estado evaluador.

En esa medida, el discurso de la calidad en el contexto educativo, incursiona desde los contextos industriales y económicos en búsqueda de fines que no necesariamente aportan a la resolución de las problemáticas sociales propias de cada contexto, marginando aquellos que por sus características y situaciones no pueden atender las demandas impuestas por los modelos de medición. En esa medida, la evaluación es utilizada como una herramienta cuantitativa para censar y categorizar los conocimientos y “habilidades” desarrolladas, durante los procesos de formación en cada nivel, alejándose de su característica y posibilidad formativa. Es ese el escenario en el que incursionan las pruebas Saber 11 y Saber Pro como instrumentos de medición y categorización de la educación colombiana.

Recientemente el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE) publicó un informe, a su vez divulgado por El Tiempo, sobre los resultados de las pruebas de Estado de estudiantes de educación superior del área de ciencias de la educación. En dicho informe sugieren que uno de los principales problemas del sistema educativo estaría relacionado con el proceso de formación de los maestros, en tanto los resultados evidenciados en las pruebas Saber Pro de 2019, por estudiantes de carreras pertenecientes a ciencias de la educación sacaron un puntaje global por debajo del promedio nacional.

Sin embargo, afirmaciones como estas, lejos de ayudar a superar las dificultades del sistema educativo y a subsanar las brechas existentes de un escenario a otro, globalizan los contextos e impiden abordar el tema desde sus múltiples aristas, pues la generalización, impide analizar y atender las necesidades propias de los procesos educativos y programas de formación de maestros en las regiones, y puede sesgar la toma de medidas gubernamentales y de políticas de calidad sobre los programas de formación de maestros, que lejos de contribuir a derribar las dificultades, las agudice; como ya ocurrió en 2016 con la expedición del decreto 2041 que obligaba a los programas de licenciatura a estar acreditados so pena de perder sus registros calificados, sin ofrecer ninguna garantía para que pudieran generarse las condiciones exigidas. En el contexto nacional, ello implicó el cierre de oferta de formación de maestros en diversas regiones del país y obligó al Gobierno a flexibilizar las condiciones para que muchos más no tuvieran que cerrar. Finalmente, la situación también condujo a que en 2019 esta medida de obligatoriedad se levantara.

Aun cuando los resultados de la Universidad Pedagógica Nacional son bastante diferentes a los del promedio nacional que se presenta en el informe de la Universidad Javeriana, y aun cuando somos una institución acreditada en alta calidad y con un 82% de sus programas de pregrado acreditados, ello no limita los múltiples debates que hemos generado sobre las pruebas censales, en particular, porque se aplican para medir conocimientos o competencias sin distinguir los procesos de aprendizaje ni los contextos en los cuales interactúan los estudiantes. A lo anterior se suma la reflexión crítica que ha hecho la institución con respecto al interés del Estado en medir el aprendizaje a partir de los resultados y no de los procesos. No obstante, la Universidad ha identificado en los resultados de las pruebas Saber Pro un indicador que permite comprender parte de los procesos de la formación de los futuros licenciados. Por supuesto, se convierten en un importante insumo para la identificación de los ajustes o modificaciones que deben tener los proyectos educativos de los programas y los contenidos analíticos de sus espacios académicos. No se trata de establecer simples comparaciones, se trata de identificar elementos que permitan el mejoramiento de los procesos de aprendizaje, en función de las competencias genéricas que se evalúan allí, pero también de las competencias específicas, directamente relacionadas con el quehacer de los futuros maestros del país.

Un análisis que proponemos a la Universidad Javeriana y a quienes se enfocan en estos resultados de las pruebas Saber es la mirada profunda a los contextos, los procesos, los niveles de formación de quienes se agrupan en el área de las ciencias de la educación. Que se analicen los resultados de acuerdo a estas necesarias distinciones. Un comparativo muy interesante lo ha planteado incluso el mismo Icfes, realizando un ejercicio de estimación de valor agregado de las instituciones de educación superior universitaria, analizando los resultados de las pruebas Saber 11 y los resultados de las pruebas Saber Pro de los estudiantes de una institución de tal forma que pueda identificarse el aporte de la universidad en los procesos de formación de sus estudiantes. El Icfes tiene toda la información que permite realizar análisis mucho más detallados, contextualizados, que visibilicen variables fundamentales como los son las condiciones socioeconómicas de nuestros jóvenes.

Cuando se realizan análisis más profundos cobran aún más valor los reconocimientos. En la Universidad Pedagógica Nacional, cuya población estudiantil se ubica mayormente en los estratos socioeconómicos 2 y 3, y los resultados de las pruebas Saber 11 de quienes son admitidos se ubican en nivel medio, ha recibido reconocimientos relevantes, a partir de los análisis de los resultados de las pruebas Saber Pro, sobre la medición del valor agregado. En el año 2017 se destacó entre todas las universidades del país al estar en los primeros puestos en esta dimensión. El promedio en las pruebas de inglés de los licenciados de la UPN superó en 7,30 puntos el puntaje de todos los estudiantes de las universidades oficiales y no oficiales de Colombia en todas las carreras profesionales, y en 3,31 a los de Bogotá. En lectura crítica la diferencia a favor con el promedio nacional fue de 17,55 puntos y con Bogotá de 14,64.

Las discusiones sobre evaluación educativa deben ser amplias y cuidadosas para no entrar en conclusiones apresuradas que desconozcan los múltiples elementos que influyen en la calidad educativa y que irresponsablemente marquen un camino equivocado para las políticas públicas en la educación, así como una injusta valoración de los procesos formativos de los maestros y maestras en Colombia.

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.

@LeoMartinezUPN

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