Por: Yesid Reyes Alvarado

Las relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial

DURANTE EL GOBIERNO DE ÁLVARO Uribe las relaciones del Ejecutivo con la Rama Judicial sufrieron su más grave detrimento en años.

Esta delicada situación no obedeció a una simple discrepancia de opiniones, pues ellas no sólo han existido siempre, sino que resultan inevitables en asuntos tan sensibles como los que atañen a la administración de justicia. La crisis obedeció más al equivocado planteamiento formal que el Presidente hizo de algunos temas, que al fondo de las cuestiones objeto de discusión.

Ninguna duda cabe de que cualquier determinación de una autoridad judicial es susceptible de controversia; de hecho, el conocimiento jurídico suele ser jalonado por los comentarios especializados que la doctrina realiza frecuentemente sobre fallos de las altas cortes, elucubraciones que en no pocos casos conducen a cambios en la jurisprudencia o incluso a modificaciones legislativas.

Lo que resulta inaceptable es la descalificación visceral de las decisiones judiciales, porque en lugar de suministrar argumentos jurídicos que muevan a la reflexión sobre el contenido de las mismas, genera en la sociedad la sensación de que el aparato judicial no es digno de confianza y credibilidad. Ese mensaje provoca varias consecuencias negativas; una de ellas es la tácita invitación a desconocer los fallos de los jueces cuando no se comparta su contenido, lo que a la postre crea un clima de desconfianza hacia toda la administración de justicia, que puede llevar incluso a que las personas busquen formas alternativas de hacer valer sus derechos, lo que en el fondo equivale a promover la justicia privada como manifestación de la violencia.

La crudeza con la que Álvaro Uribe enfrentó varias posturas de las cortes generó también una radicalización de la opinión pública, que paulatinamente se vio compelida a tomar partido en el enfrentamiento. Quien criticara el criterio de la Rama Judicial era visto como aliado del Presidente y aquel que censurara la actitud del Ejecutivo era calificado como adepto de la Corte. Por esta vía, el tradicional ejercicio de analizar críticamente las determinaciones judiciales y del Gobierno se vio empañado por la posibilidad de ser descalificado (de nuevo en forma más emotiva que jurídica) como acérrimo partidario de una de esas dos ramas del poder público.

Por eso el país debe respaldar todos los esfuerzos que el nuevo mandatario hace para normalizar las relaciones con la administración de justicia; tanto las reuniones formales que han tenido lugar, como las ponderadas reacciones que el Ejecutivo ha mostrado hacia sentencias como la que acaba de emitir la Corte Constitucional respecto del uso de bases militares en Colombia por parte de tropas extranjeras. Esas actitudes no eliminan la posibilidad de que se controviertan las sentencias de los jueces, sino que sitúa el debate en el terreno que nunca debió haber abandonado: el de lo jurídico. De paso, este nuevo ambiente servirá para que el país retome la posibilidad de debatir con objetividad sobre las actuaciones tanto del Gobierno como de la Rama Judicial, sin el temor a ser descalificado como amigo incondicional de uno u otra.

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