Las TIC, crisis de identidad

Según se dice, esta semana el Gobierno presentará su proyecto de ley para el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Afortunadamente, en la legislatura anterior se hundieron varios sobre el mismo tema. El de iniciativa gubernamental —tardío y sin norte— era de corto vuelo y sesgado a favor de ciertos operadores. Los proyectos de origen parlamentario eran aún más deplorables: hubo uno que, sin pudor, pretendía echar abajo el ordenamiento supranacional que protege los derechos de autor y conexos, al parecer para hacerles el favor a las multinacionales del cable.

El gobierno Duque promete un proyecto de ley que no estará contaminado por intereses particulares. Ojalá eso permita diseñar una nueva institucionalidad del sector que nos salve de la periferia digital. Para una reforma legal, desde hace años hay consenso en lugares comunes: darles conectividad a todos los colombianos, desregular, promover la industria, fomentar emprendimiento, formar seres digitales y bla, bla, bla.

Más allá de repetir el mantra del regulador convergente, seguir atiborrando de tareas a la CRC, defenestrar a la ANTV y crear una consejería para la sociedad digital, es indispensable definir cuál debe ser el papel del Estado en un país subdesarrollado, frente a una industria dominada por gigantes como Amazon, Apple, Google y Facebook.

El Estado en Colombia lleva 30 años ordeñando a las empresas de telecomunicaciones y audiovisuales, o —lo que es lo mismo— imponiéndoles a los usuarios un gravamen velado que pagamos vía tarifas por los servicios que consumimos.

En medio de la profunda crisis que padece la hacienda pública, no se ve cómo se pueda cumplir a corto plazo la promesa del presidente Duque de otorgarles exenciones a las empresas del sector TIC.

Al parecer, de los $4,7 billones que obtuvo la Nación en el pleito de la reversión que perdieron Comcel y Telefónica, no se quedó un centavo en el sector. Todo se habría destinado a aliviar el insaciable hueco fiscal; lo cual confirma que los ministros de Hacienda son los más poderosos reguladores de las telecomunicaciones en Colombia, aunque a veces sea a costa del bienestar de los usuarios.

@jcgomez_j

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