Por: María Elvira Bonilla

Las trampas del poder

HACE UNOS AÑOS LE OÍ DECIR A UN ministro de Hacienda que defendía un proyecto de  reforma tributaria en el Congreso, que ésta bien valía los dos guardianes en la cárcel de Tunja que le solicitaba una senadora boyacense a cambio de su voto.

Con ese cinismo, intrínseco al ejercicio del poder, el ministro estaba dispuesto a usar el atajo. Como lo hizo. Consideraba inútil el desgaste que significaban las largas horas de persuasión a los congresistas, cuando tenía en sus manos el poder nominador del plumazo ministerial. Práctico, rápido y barato.

Después le escuché a otro político algo aún más cínico: todo el mundo tiene un precio, por debilidad o por ambición. El desafío es descubrírselo. El manual del clientelismo en una frase que sintetiza el carácter de la relación perversa entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para conseguir la llamada gobernabilidad.

Presidencia y Congreso, gobernadores y asambleas, alcaldes y concejos, cada uno en su escala, utiliza el atajo clientelista para empujar sus propuestas, algunas de beneficio colectivo, otras de carácter individual. Porque lo cierto es que quien llega al poder suele apropiarse rápida y  afanosamente, aquello de que el fin justifica los medios. ¡Que París bien vale una misa!

En el medio político son considerados hábiles y políticamente capaces quienes logran las mejores transacciones. De allí ese espectáculo pernicioso de ministros, asesores y funcionarios merodeando el Congreso en tiempos de trámite legislativo. Los hábiles valorizan su voto para obtener las mayores prebendas, como sucedió con personajes tan anodinos como Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.

La práctica del tome y dame, como una forma perversa, antidemocrática y delictiva de gobernar, se ha entronizado en el corazón de la Casa de Nariño. Y no sólo en este gobierno. El tristemente célebre “computador de Palacio” volvió famoso a don Germán Montoya y a Fernando Cepeda en el gobierno Barco; a Fabio Villegas en el de Gaviria; a Juan Mesa en el de Samper; a Juan Hernández con Andrés Pastrana y a Alberto Velásquez y Bernardo Moreno con Álvaro Uribe. Computadores con una información que de haberse hecho pública, como la de Raúl Reyes, habrían mandado a la cárcel por el delito de cohecho a varias decenas de políticos y de funcionarios públicos.

Lo valioso de Yidis Medina, y hay que reconocérselo, es que no sólo confesó su delito, sino que, algo insólito, lo documentó, al milímetro, con peso probatorio, poniendo al descubierto un claro hecho de corrupción política. Le permitió así a la Corte Suprema de Justicia, además de configurar la acusación individual del cohecho, dictar una sentencia con unas consecuencias sin precedentes, que no sólo cuestiona la legitimidad de la reelección presidencial, sino que abre las puertas para que la judicialización de este comportamiento delictivo tan generalizado pueda arrancarle a la clase política sus dientes corruptores. 

Con esto, le abrió el camino a la Corte Suprema de Justicia para que además de configurar la acusación individual del cohecho, pudiera dictar una sentencia con unas consecuencias sin precedentes, que no sólo tienen tambaleando la reelección presidencial, sino que la judicialización de este comportamiento generalizado puede felizmente dejar a la clase política sin dientes.

 

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