Por: Uriel Ortiz Soto

Las venas rotas del Agro

 Lamentablemente el sector Agropecuario desde los inicios de nuestra independencia hasta nuestros días, ha estado expósito.

Lamentablemente el sector Agropecuario desde los inicios de nuestra independencia hasta nuestros días, ha estado expósito. Para acceder a sus beneficios no se requiere de ningún requisito. Basta con manifestar ser campesino o invocar el nombre de un predio rural para tener derecho a créditos y demás beneficios, como sucedió con el programa de Agro Ingreso Seguro, AIS, con el cual se beneficiaron reinas de belleza, y toda una laya de delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera saben cuantas patas tiene una gallina.

En Colombia, nuestros gobiernos de todas las épocas, no han tenido una concepción clara sobre cuales son los deberes y derechos de quienes trabajan la tierra, así mismo, no existe definición concreta sobre las extensiones rurales sujetas de explotación. Esto nos lleva también a concluir que el mismo Estado, ignora cuales, son los derechos y obligaciones que debe cumplir respecto a las actividades del desarrollo Rural. Todas estas situaciones nos hacen pensar, que, al no existir definición de orden Constitucional, las demás disposiciones legales y administrativas que se dicten, se caen por si solas, puesto que no tienen consistencia jurídica de base, ni en el tiempo, ni en el espacio.

Es indudable, que por esta causa el aparato Estatal que regula nuestra Colombia Rural, tiene una serie de válvulas de escape por donde se filtran los malos manejos y los nichos de corrupción, que los hacen inmunes a las investigaciones de los Organismo de Control, que después de investigar hasta la saciedad hechos denunciados, llegan a la conclusión que todo fue tan bien planeado que no dejaron ningún esguince que amerite llevar a la cárcel a sus responsables.

Lamentablemente, todo esto, lo hemos descubierto, en los primeros días de gobierno del doctor Juan Manuel Santos, cuando el Ministro de Agricultura, no obstante su buena voluntad y reconocido profesionalismo, en sus primeras declaraciones sobre la restitución de tierras, empieza a verla bastante gris, puesto que todos los montajes hechos por los delincuentes de todas las épocas para despojar de las tierras a humiles campesinos, fue toda una pirámide de dudosas legalizaciones, tan bien montadas, que a veces hacen pensar, que sobre estos expedientes malditos, pesan los rayos de la "Divina Providencia". Pienso que sobre este tema vendrán días muy difíciles, si es que no se procede con mano dura contra quienes están involucrados en semejante episodio, que por su culpa tienen a millones de compatriotas con sus familias, desplazados por diferentes ciudades, fortaleciendo los cinturones de miseria.

Las venas rotas del Sector Agropecuario, empiezan desde que los constituyentes y congresistas de todas las épocas, no se han preocupado por darle consistencia constitucional y jurídica a sus actividades. Existen enormes vacíos en su regulación y por ende los actos administrativos que se dictan en pos de promover su desarrollo y crear incentivos para quienes la trabajan, la mayoría de las veces no cumplen con sus destinaciones específicas por falta de claridad jurídica, configurándose toda una serie de delitos que frenan su desarrollo.

Todo esto, lo hemos visto en la cadena de instituciones que han debido ser liquidadas, sencillamente porque se volvieron inviables, puesto que, los presupuestos asignados fueron dilapidados por quienes los administraron a su amaño, por no existir claridad entre su: misión y visión; objetivos y fines específicos de desarrollo, respaldados por una norma superior valga decir: Constitución Política.

Podríamos decir, que desde los inicios de nuestra primera Constitución de 1.811, y posteriormente el Régimen de tierras de 1.936, la regulación del sector agropecuario nació sin soporte Constitucional, ni aparece regulado por ninguno de sus artículos. Nuestros Legisladores y Constituyentes no han tenido la visión de establecer una definición Sui Géneris, que le permita al Estado de Derecho, establecer normatividades respecto a la Colombia Rural y para quienes trabajan la tierra. Considero, que, toda actividad por ínfima que sea, debe tener un soporte Constitucional, puesto que de allí se derivan hacia el futuro el conjunto de normas legales y jurídicas que las han de regir hacia el inmediato futuro.

No sería exagerado pedir al gobierno del doctor Santos, que está iniciando su administración con un revolcón: Jurídico Administrativo, en todas las instituciones del Estado, que incluya en tales propósitos, una reforma Jurídica de las obsoletas normas que desde antaño han regido el desarrollo del agro en Colombia con los nefastos resultados a la vista. Considero que es menester una reforma Constitucional en tal sentido, que sirva de soporte para dictar normas con fuerza de Ley, máxime cuando la Ley de tierras empieza a arrojar grandes sorpresas.

Finalmente no olvidemos que: "La paz vendrá del campo" Cualquier esfuerzo que se haga vale la pena.

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