Por: Cartas de los lectores

Las víctimas primero

El editorial de este diario el domingo pasado sobre el proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras que avanza en el Congreso de la República confirma la importancia de este tema en la agenda pública del país.

Una política de Estado que atienda y repare después de décadas de indiferencia y olvido a más de cuatro millones de compatriotas víctimas del conflicto en Colombia hoy es esencial para alcanzar la reconciliación nacional. Posiciones como las expresadas por El Espectador contribuyen a que la sociedad colombiana comprenda el enorme desafío que tenemos por delante, si aspiramos a ser una nación civilizada, democrática y respetuosa de los derechos humanos.

Es importante entonces el debate que se abre en estas páginas alrededor de algunas de las medidas contempladas en la iniciativa. Es positivo el reconocimiento que se hace al texto en cuanto respeta integralmente el principio de no discriminación de las víctimas ni por razón de quién sea su victimario, ni por la fecha en la cual sufrió el menoscabo de sus derechos.

Por otra parte, el editorial expresa algunas preocupaciones en relación con temas como el de la institucionalidad que implementará la ley, la propia participación de las víctimas en el proceso y la que ustedes denominan segunda instancia para los procesos de restitución de tierras, frente a las cuales me parece necesario hacer algunos comentarios y precisiones.

Uno de los temas al que los ponentes dedicamos mayor tiempo, estudio y consultas con distintos sectores es el de la nueva institucionalidad que deberá aplicar la ley. Y llegamos a un consenso que permitirá que las víctimas cuenten con una sola entidad que se dedique de manera exclusiva a su atención y reparación. Una unidad administrativa especial tendrá esa tarea que evitará que se vuelva a confundir con la política social que beneficia a los sectores vulnerables de la población. Esa unidad manejará el registro único, el fondo de reparación y coordinará la política en el orden territorial. De esta manera, las víctimas tendrán claro ante quién elevar sus peticiones y reclamos por el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado.

De otra parte, en cuanto a la participación de las mismas víctimas, a lo largo de todo el texto se aprecia claramente que se brinda una participación amplia a las organizaciones de víctimas y sus representantes en los organismos de diseño y aplicación de la política, así como en los de control, vigilancia y seguimiento del cumplimiento de la ley una vez entre en vigencia. No sólo en el nivel central sino en el territorial, las víctimas participarán en el Sistema Nacional, los comités de justicia transicional y los comités de control.

Y finalmente, frente a la llamada por ustedes segunda instancia en los procesos de restitución de tierras, es importante precisar que estos procesos son de única instancia y sólo contemplan un recurso extraordinario de revisión ante la Sala Civil de la Corte Suprema, que no suspende los efectos de la sentencia. Esta decisión se adoptó para garantizar agilidad y eficacia en una política que sin duda implica enormes retos para un nuevo sistema de justicia civil transicional, que operará además de manera gradual, comenzando por las zonas de mayor despojo como el Urabá, Los Montes de María o el Catatumbo.

Hay otros aspectos puntuales del proyecto que se mencionan y frente a los cuales los ponentes, tras largas discusiones, llegamos a consensos que consideramos útiles y convenientes para el proceso de reparación y no significan de ninguna manera negar el acceso de las víctimas a la justicia. Tienen entonces ustedes la razón cuando afirman que la ley de víctimas será el punto de partida y no de llegada de una política de Estado que debe involucrar a toda la sociedad colombiana para que con una política eficaz avancemos hacia la reconciliación nacional. El reto es gigantesco y es un compromiso de todos. Apenas comienza.

 Juan Fernando Cristo. Coautor y coordinador ponente del proyecto. Bogotá.

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