Lavándose la cara

Pese a la enorme ayuda periodística y jurídica que recibe Sandra Morelli en desarrollo de una estrategia bífida que raya en lo maquiavélico, el deterioro de su maltrecha imagen continúa aunque ella pretenda detenerlo con la paradójica historia de que sufre persecución de la Fiscalía, y ahora, según sus recientes declaraciones radiales, también “del gobierno y los ministros que quieren acabar con el control fiscal” que ella ejercía.

Incluso, la hija de dios (nada se hizo en la Contraloría antes o después de su aparición) habría estado buscando la asesoría de profesores de Derecho de Italia para encontrar la manera de evitar sus procesos, con el argumento precario de que es nacional de ese país. Tal parece que ese rumor es acertado, si nos atenemos a los anuncios de la embajada italiana en Bogotá sobre una insultante supervisión que pretende hacerles a los tribunales en sus casos. Raro que los huelguistas de Asonal, tan envalentonados con sus coterráneos, no hayan expresado su indignación frente a este intento foráneo de intervención en su trabajo judicial. Volviendo al cuento, alguno de los consultados por Morelli le habría contestado lo obvio: ella no habría sido elegida contralora si se hubiera presentado al Congreso como extranjera. A propósito, la doble nacionalidad de la exfuncionaria refleja, además, su contradictoria personalidad política: en Colombia es la aliada incondicional del ultraderechista procurador Alejandro Ordóñez. En Italia, simula serlo del respetable sector de la izquierda. Y tan tranquila.

Estos episodios del caso Morelli en apariencia baladís, no lo son tanto si se unen con las otras patas que sostienen sus estratagemas y que consisten en conceder entrevistas cuando siente que el agua le llega al cuello; en ofrecer explicaciones amañadas que nadie le sabe o le quiere controvertir; y en conformar un poderoso equipo de abogados —aliados unos, contratados otros— que ejercen influencia ante los jueces y despachos de turno. Se admite: por los resultados, su táctica de figurar como víctima y mártir está siendo efectiva ¿A cuál otro servidor público que hubiere alquilado por más de $2.500 millones de pesos mensuales una edificación en obra gris —un elefante blanco para sus dueños hasta cuando ella lo arrendó— se le trataría con tamaña condescendencia y comprensión? ¿Qué le habría sucedido a, por ejemplo, un Turbay Quintero, si en vez de comprar un vehículo para su uso, razón por la cual Morelli le inició un escándalo sideral, hubiera desechado por fea y desgastada la sede propia para gastar $35 millones de dólares en dos años por el uso de 7 lujosos pisos?

Falso. La legalidad del contrato con los avispados propietarios de la empresa arrendataria no ha sido analizada judicialmente. En las tutelas y acciones populares que se han fallado, solo podía evaluarse si hubo violaciones a derechos fundamentales. Falso. La legalidad de la cláusula que amarra por 10 años a la Contraloría al oneroso contrato so pena de pagar una penalidad cercana a los $35 mil millones de pesos, no se estableció tampoco. Falso que haya “consultado” la continuidad del contrato con los candidatos a sucederla por el simple hecho de que usted ya la había asegurado, con su rúbrica, dos años atrás. En cambio, hay preguntas que no ha aclarado: ¿Es cierto que usted fue, mucho antes de consolidar el traslado de la Contraloría, asesora de las firmas Verdi S.A. y Moda Sofisticada Ltda, de propiedad del socio mayoritario del edificio alquilado? ¿Es cierto que el contacto entre la Contraloría a su cargo y los arrendadores fue el señor Santiago Sáenz y que este recibió de los últimos, la suma de $500 millones como comisión por el negocio realizado? ¿Es cierto que sus exfuncionarias procesadas Mónica Cano y Edith Rocío González tienen como abogado a uno de los suyos? Antes de lavarse la cara y la conciencia, señora Morelli, conteste estos interrogantes.