Por: Oscar Guardiola-Rivera

Lawfare (ii)

¿Si un policía del ESMAD nos arrestase en el curso de una protesta legítima, y tras quitarse el casco vistiese la toga para levantarnos cargos, considerar la evidencia que él mismo ha dispuesto y juzgarnos, consideraríamos dicho sistema de juzgamiento mínimamente justo?

 La mayoría responderíamos no. Pues bien, así opera el actual sistema brasilero de juzgamiento, extraña mezcla entre lo peor de la herencia colonial ibérica y las tecnologías mediáticas que permiten el uso y abuso de la ley con fines de persecución política en un sentido que pervierte la justicia.

Se trata de una herencia que el colonizador mismo  ya ha desechado. Tras decidir en el caso contra Dinamarca, las cortes de la Unión Europea han proscrito como injustos y violatorios de los derechos humanos sistemas como éste en los cuales quien investiga y estima la evidencia así mismo acusa y juzga. Sistemas en los cuales no existen el secreto de la evidencia ni la presunción de inocencia, y si existen se los desconoce sin mayores consecuencias.

El objetivo de esta infame alianza entre poderes económicos, partidos de derecha y monopolios informativos es garantizar que Lula, a quien el Presidente Obama llamó el “político más popular del mundo”, a quien las encuestas dan como ganador de las próximas elecciones en cabeza del Partido de los Trabajadores, sea inhabilitado para participar en la contienda.

Ello posibilitaría la victoria de la derecha, quizás en cabeza de Jair Bolsonaro, el fascista infame que dedicó su voto revocatorio en contra de la entonces presidenta Dilma Rousseff al torturador de ésta durante la dictadura, o del propio juez a cargo del caso Lula, a quien los medios presentan como una suerte de Elliot Ness contemporáneo. Ello legitimaría el “golpe suave” en contra de Rousseff y el objetivo continental de contener el avance de fuerzas progresistas en las Américas.

Lula fue acusado por el Juez Moro en medio del escándalo sobre corrupción que involucra a Petrobras y Odebrecht. No cabe duda de que en la política brasilera existe corrupción, pero tras años de investigación Moro ha sido incapaz de establecer con certidumbre evidencia alguna de que Lula se hubiese beneficiado; por ello su condena es insostenible. Moro filtró evidencia a los medios, motivó su decisión en un testimonio cuestionable, y ha fustigado a los abogados de Lula ordenando chuzadas contra ellos.

Es casi seguro que a pesar de estas irregularidades la condena sea confirmada en apelación. El caso se encuentra en conocimiento de las Naciones Unidas, y el gobierno brasilero ha sido obligado a aceptar que su sistema no ofrece garantías, pero es poco probable que ello afecte el resultado. Así operan nuestras derechas y los monopolios mediáticos para quienes la democracia, la ley y los derechos sólo importan si protegen la propiedad de los poderosos, el patriarcado y la tradición.

 

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