Le cobran al presidente Duque cuentas ajenas

Darío Acevedo Carmona
15 de octubre de 2018 - 05:00 a. m.

Tan pródigo es el legado que Juan Manuel Santos le dejó al nuevo gobierno y al país que el listado incluye un paro nacional de profesores, estudiantes y directivas del sistema educativo público y privado.

Los problemas de desfinanciamiento de las universidades públicas, según palabras de un rector que habló en el Congreso se remontan a la Ley 30 de 1992. Un líder estudiantil dijo que vienen desde 1998. Y no pueden faltar los dinosaurios marxistas que remiten todo a fallas estructurales del sistema y el modelo.

Nadie se refiere al descuadre gigantesco de las finanzas públicas ocasionado por el expresidente Santos. Y ningún rector habla de los problemas que agobian a los claustros en materia de calidad de la enseñanza y la investigación, la carga de los profesores, la politización de los claustros y todo aquello que signifique mirarse el ombligo.

El presidente Duque apenas está echando a andar sus políticas públicas, de modo que no se le puede responsabilizar del estado calamitoso de las finanzas universitarias ni de las fallas de las universidades en el cumplimiento de sus fines misionales. En cambio, hay políticos populistas y demagogos y activistas al acecho de las carencias sociales, que existen y deben resolverse, prestos a capitalizar el descontento y promover las movilizaciones callejeras que consideran más efectivas que la discusión razonable en los espacios en donde se definen los problemas con argumentos.

La politización de la academia por parte de fuerzas de izquierda y del gobierno en el pasado octenio nos da la clave para entender el por qué se adelanta este cobro de cuentas a todas luces injusto. No se hizo antes porque la orientación de esas izquierdas era la de apoyar la paz de Santos, a su vez, el expresidente irrigó algunos recursos para pagar dicho apoyo. Las universidades públicas y privadas apoyaron acríticamente las negociaciones de La Habana, reventando la autonomía académica al casarse con una política gubernamental y creando centros de pensamiento, cátedras, usar las redes y medios institucionales, organizar eventos no académicos en los campus, foros en los que se anuló el debate y muchas otras actividades.

El trasfondo político de la movilización se aprecia con claridad en muchas de las consignas y el contenido de los discursos de los dirigentes. En ellos culpan al uribismo, al Centro Democrático y al presidente Duque por la crisis de las universidades como se lee en uno de los miles de mensajes: “señor @IvanDuque, Uribismo, aquí está el mensaje de la sociedad crítica ante las nefastas decisiones de invertir más en guerra que en educación.”.

Cuando lo cierto es que en los ocho años precedentes quien dilapidó el presupuesto nacional en publicidad pacifista y mermelada corruptora a borbotones a expensas del erario fue el expresidente Santos. Se omite decir que el gobierno actual trabaja con el presupuesto aprobado por esa administración, desfinanciado en 25 billones de pesos y que cualquier cambio o reforma que se le quiera hacer debe atenerse a procedimientos de ley.

No podía faltar el recurso contra la privatización de la Universidad pública, una bandera que se esgrime desde fines de los años sesenta tan deshilachada que no genera credibilidad, pero es eficaz para convocar a un público que por su condición transitoria no cae en cuenta de la demagogia que encierra.

Y el esfuerzo por resucitar las viejas consignas de cogobierno y gratuidad total, muy atractiva esta última a primera vista, pero que esconde grandes equívocos y falacias propias de quienes creen que el Estado debe y puede, sin especificar de dónde han de salir los recursos, establecer esa prerrogativa, que, además, es sumamente inequitativa puesto que eximiría de pagar a quienes pueden hacerlo.

Tampoco se les aclara a los estudiantes que la otra forma de financiar tal gratuidad es elevando impuestos considerablemente, medida que rechazan los profesores universitarios que aprovechan este movimiento para protestar contra la reforma fiscal de Santos que gravó sus salarios.

¿Por qué, entonces, le quieren cobrar al presidente Duque, los platos rotos, las cargas e incumplimientos que recibió de su antecesor? ¿Creen los rectores y los líderes del movimiento que los costos del acuerdo de paz, el inclemente menoscabo de los dineros públicos, la ofensiva corrupción oficial, el bajísimo crecimiento de la economía colombiana y la llegada de millones de hermanos venezolanos que huyen del terrible desastre de la dictadura castrochavista, no afectan las finanzas del estado?

Los rectores coincidieron con Petro en exigirle a este gobierno resolver positivamente la totalidad de demandas y por eso consideran insuficiente lo planteado por la ministra de Educación, el presidente Duque con aval de todas las bancadas del Congreso (partida adicional de 500mil millones, aumento del presupuesto de educación en términos reales en 4 años por encima del 15 por ciento, 42 billones para 2019, por encima del presupuesto de defensa).

Por lo anotado es que tenemos razones para pensar que el movimiento es desproporcionado y extraño. Desproporcionado porque la paralización de las actividades educativas nunca podrá ser un recurso aceptable ante un gobierno democrático y abierto al diálogo.

Y extraño porque ha sido contaminado por Petro y sus activistas, porque se han sumado los establecimientos privados a quienes les queda bien feo pedir comida con el estómago lleno y porque de las directivas de las universidades públicas es de esperarse una actitud de diálogo y concertación en vez de contemporización con los llamados a la parálisis.

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar