Por: Eduardo Barajas Sandoval

¿Le dejamos el camino despejado a Nicaragua?

Todos estaríamos más satisfechos y seguros si desde un principio se hubiera conducido de otra manera la disputa marítima con Nicaragua.

En lugar de hacer más claras las cosas, la explosión de fervor nacionalista de la semana pasada nos ha dejado escuchar algo así como un coro en el que cada quien canta conforme a una partitura diferente. Pocos parecen haber leído cuidadosamente el tratado Bárcenas Meneses, para constatar que allí no se acordó límite alguno, sino que en uno de los documentos posteriores se mencionó el Meridiano 82 como punto máximo de extensión del Archipiélago de San Andrés hacia el occidente. Nadie parece recordar que para la época, 1928, el derecho internacional no había establecido definiciones que hoy se invocan como si siempre hubieran existido. Nadie quiso atender los llamados a que nos retiráramos a tiempo del “Pacto de Bogotá” porque aparentemente daba vergüenza que nuestro país se saliera de un acuerdo que lleva el nombre de nuestra capital.

Tampoco parecen ser muchos quienes recuerdan la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en 2007, que reconoció nuestra soberanía sobre San Andrés y Providencia, contra la pretensión de Nicaragua, algo a lo que aquí le han restado importancia con tal de hacer énfasis en las cuentas de nuestras desgracias. Y mucho menos tienen memoria de que en esa misma sentencia la Corte anunció que entraría a señalar la frontera marítima entres los dos países, precisamente porque dicho límite para ella no existía; decisión que Colombia aceptó y sobre la cual guardó silencio para dedicarse a la defensa en el proceso subsiguiente.

En fin, muy pocos parecen haberse tomado el trabajo de leer con cuidado los incidentes del proceso y de la sentencia de noviembre de 2012, y en lugar de hacer tranquilamente las cuentas de lo que se obtuvo, que fue bastante, y de lo que no reconoció la Corte, sacaron conclusiones sobre una derrota descomunal, de manera que se produjo un clima de desgracia y se hizo mítica una cifra de kilómetros perdidos, contados desde la línea que la Corte había dicho cinco años atrás que no existía. Para completar, muchos siguen hablando de la pérdida de “mar territorial” sin tener en cuenta la definición misma del concepto, que nada tiene que ver en realidad con el problema entre nuestro país y Nicaragua. Quien se tome el trabajo de buscar la definición lo podrá comprobar.

La conducción del asunto desde 2012 ha estado llena de sorpresas y posiblemente de desatinos Se dijo que la Corte Internacional de Justicia era el enemigo y además se le hizo visita publicitada al Secretario General de las Naciones Unidas para hablar del fallo; ambas cosas inéditas. Se dijo que el fallo era de imposible cumplimiento por razones internas y tal vez para reforzar el argumento se recurrió a tribunales nacionales que condujeron a la conclusión de la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia por motivos de orden doméstico; algo que en términos de derecho internacional no solamente es inútil sino que puede ser visto como temerario. Se descalificó a la Corte como si fuera un tribunal de esos cuyos miembros tienen cercanía indebida con los abogados y cuyas decisiones no solo son predecibles sino que están viciadas de todo tipo de malas intenciones. Pocos tuvieron en valor de reconocer que, a pesar de la decisión de señalar un límite que no fue el que esperábamos, la Corte le negó a Nicaragua el dominio sobre la totalidad de las islas y cayos del archipiélago y se lo adjudicó formalmente a Colombia, con su correspondiente mar territorial, además de negarle también a los nicaragüenses la pretensión de contar con una plataforma continental extendida.

Después del retiro, por fin, del Pacto de Bogotá, fue necesario afrontar los dos nuevos procesos entablados por Nicaragua, uno de ellos por el anunciado incumplimiento de la sentencia de 2012; el otro en busca del reconocimiento de una plataforma continental ampliada, que no le fue reconocida en esa misma sentencia. Y cuando la Corte, en decisión dividida y muy apretada, se declaró competente para seguir adelante con los dos procesos, el Gobierno Nacional, en medio de la aclamación general, ha dicho que Colombia no volverá a los estrados de esa Corte.

A pesar de los riesgos que bajo las circunstancias de un nacionalismo desaforado puedan correr las muestras de un patriotismo reflexivo, no cabe duda de que se les presta un mejor servicio al Presidente de la República, y al país, si se advierten las posibles consecuencias que puedan tener hacia el futuro las decisiones que se acaban de tomar. De ahí que cada quién debería no solo sumarse al deseo de que Colombia no pierda ni un ápice de sus derechos, sino comentar desapasionadamente aquello que crea más conveniente para el supremo interés nacional. Razón por la cual vale la pena de pronto hacer unas pocas reflexiones y formular algunos interrogantes.

En primer lugar, sería bueno que fuéramos pensando cuál va a ser la respuesta cuando, en adelante, se nos cuestione por no ser ya, como lo fuimos a lo largo de nuestra historia, un país que se podía ufanar, bien que mal, de ser respetuoso del derecho internacional. Algo que en la vida entre las naciones tiene especial valor y cuya pretermisión acarrea consecuencias diversas para los países que de una u otra manera no se acogen a las reglas de la comunidad. Valdría la pena además prepararse para afrontar las eventuales dudas y dificultades que a raíz de la actitud oficial colombiana se puedan suscitar en cuanto a la confiabilidad jurídica de nuestras relaciones políticas, económicas y de cooperación internacional, tan deseada en la perspectiva de nuestro actual proceso político interno. Será que a nuestros socios extranjeros les importa lo mismo que un país desconozca o no los principios del derecho internacional?

En segundo lugar, deberíamos preguntarnos por las consecuencias que el ejemplo de no reconocimiento de un tribunal pueda traer en el ámbito interno del país, cuando estamos empeñados en la lucha por construir un sistema judicial sólido, respetado, imparcial y confiable para todos.

En tercer lugar, y en cuanto nos han dicho que en vez de seguir actuando en los procesos y de acatar los fallos de la Corte lo que hay que hacer es negociar con Nicaragua, vale la pena preguntarnos si ese país, bajo las circunstancias actuales, desde la posición fuerte que tiene a raíz de las sentencias del 17 de marzo, ambas en su favor, con los “títulos” de 2012 en la mano y pendiente, ella sí, de unos procesos que le pueden ser favorables con motivo del retiro de Colombia, tendrá interés en negociar.

Finalmente, si la intención que todos compartimos es la de no permitir que Nicaragua avance ni un centímetro más en la dirección de Cartagena, como se ha dicho, vale la pena preguntarse si con el hecho de no concurrir más a la Corte no le estamos más bien facilitando las cosas a nuestro demandante para que obtenga, sin oposición y sin el menor esfuerzo de Colombia por defender sus derechos, lo que pretende. Para ilustrar la respuesta convendría reflexionar sobre el contenido del Artículo 53 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial del sistema de las Naciones Unidas, según el cual “Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor”. Y continúa: “Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

A la luz de esas consideraciones, si no concurrimos a la Corte, Nicaragua eventualmente podría obtener fallos aún más gravosos para nuestros intereses. Si no defendemos nuestros derechos ni buscamos nuevas respuestas favorables, que se sumen a las de los jueces que ya votaron a favor nuestro para conducir al empate que dirimió, en mal momento, el Presidente de la Corte, le estamos dejando el camino despejado a Nicaragua. ¿Y si vienen esos eventuales nuevos fallos adversos, los desconoceríamos de nuevo y nos seguiríamos apartando, por ese camino, de la institucionalidad internacional del sistema de las Naciones Unidas? Es eso lo que queremos y lo que merecemos?

Los mismos participantes en el clamoroso apoyo de la dirigencia nacional al Presidente de la República, en cuanto a su actitud frente a Nicaragua, deberían debatir sobre estas cuestiones para prestarle el mejor servicio a la patria con la mirada puesta no necesariamente en la coyuntura del momento sino en el curso futuro de la historia.  

 

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