Lecciones del pasado

CUANDO SE VA ASENTANDO EL POLVO levantado por la fiesta de liberación de Íngrid y sus compañeros de cautiverio, y se constata, una vez más, que las Farc están en su fase terminal, es menester hacer un esfuerzo por identificar los factores específicos a Colombia que ayuden a explicar por qué la lucha armada en nuestro país se extendió mucho más tiempo que en el resto de América Latina. 

Sin pretender, de ninguna manera, ser concluyente, quiero proponer algunas ideas para debate. En primer lugar, creo que Joaquín Villalobos tiene razón cuando argumenta que la guerrilla en Colombia fue muy marginal hasta que comenzó a financiarse con el narcotráfico en los años ochenta. Segundo, desde su fundación en los sesenta, las Farc y el ELN, y luego el M-19 y los paramilitares, fueron excepcionalmente favorecidos porque Colombia tiene uno de los indicadores de complejidad geográfica más altos del mundo.

Como lo argumentó Mancur Olson, la complejidad geográfica no sólo favorece la persistencia de grupos armados ilegales, sino en general hace más costosa la provisión de bienes públicos, como defensa y seguridad. Tercero, desde el comienzo del Frente Nacional y de la revolución cubana la política de orden público estuvo fundamentalmente definida por el discurso de Alberto Lleras ante las Fuerzas Armadas en el teatro Patria, el 23 de mayo de 1958, en el que, básicamente, se definió que los civiles no se meterían en los asuntos de seguridad y defensa y los militares no se meterían en asuntos de gobierno.

Dicha política mantuvo, en la práctica, un presupuesto para las Fuerzas Armadas extremadamente muy por debajo de lo que exigían las condiciones del país. Cuarto, muy hábilmente, los grupos guerrilleros se beneficiaron de los permanentes bandazos de las políticas de paz de sucesivas administraciones, las cuales fluctuaban entre línea dura y negociación.

Dado el carácter marginal y parasitario de los grupos armados ilegales durante unas tres décadas, la economía logró crecer y el país alcanzó un desarrollo importante, al menos en el contexto regional. Esta situación cambió abruptamente cuando las Farc y los paramilitares comenzaron a financiarse con el narcotráfico, lo que les permitió crecer exponencialmente y constituirse, por primera vez, en amenaza real para las instituciones.

Así, el Estado fue sorprendido con unas Fuerzas Armadas muy débiles, un bajo presupuesto de defensa y seguridad y una burocracia y cuadros políticos ignorantes en temas defensa y seguridad. Aunque el Estado comenzó a reaccionar a comienzos de los noventa, cuando entre otras cosas, se nombró un Ministro de Defensa civil, las reformas a las Fuerzas Armadas se paralizaron con la crisis política.

Así llegamos a San Vicente del Caguán y a la crisis de ese proceso de paz.  Sin embargo, casi simultáneamente se inició un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, que comenzó a incrementar el presupuesto de defensa y seguridad e incluyó el Plan Colombia.  Posteriormente, vino la Política de Seguridad Democrática con los excelentes resultados ya muy conocidos. 

En este momento, Colombia tiene una política de seguridad con el respaldo mayoritario del país, unas Fuerzas Armadas muy fortalecidas y un elevado presupuesto de defensa y seguridad.  Hacia el futuro, los colombianos no podremos olvidar que contamos con una de las geografías más accidentadas del mundo; que los recursos del narcotráfico, aunque han caído, infortunadamente no lo han hecho a la velocidad que se anticipaba; y, finalmente, debemos estudiar con mucha seriedad cuál debe ser el nivel y composición del gasto en defensa y seguridad para mantener un país en paz. Así, habremos aprendido de los errores del pasado, para no repetirlos.