Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Lecciones desaprendidas

Con motivo de las movilizaciones campesinas de las últimas semanas —paro en Catatumbo, minga indígena, protestas de cultivadores de coca—, las redes sociales se vieron inundadas por un griterío proveniente de líderes tanto del Centro Democrático como de Cambio Radical: el asunto exigía mano dura y orden. Cuando las demandas pudieron a la postre ser atendidas pacífica e institucionalmente, gracias a gestiones tanto de líderes sociales como del Gobierno, esas mismas voces guardaron un silencio malhumorado.

Es que en realidad no querían orden, sino sangre. Que la protesta fuera aplacada en medio de un cataclismo de fuerza. Por eso, cuando seis o más campesinos afros fueron asesinados en Tumaco, en un evento terrible sobre el que nos prometieron investigaciones exhaustivas y rapídisimas cuyos resultados aún no conoce la opinión, ellas también callaron, sin una sola excepción que yo conozca.

El que se haya podido arribar, en cambio, a soluciones conversadas deja al menos tres lecciones importantes. La primera es que es mucho mejor —en todos los terrenos: desde el moral hasta el económico, pasando por el institucional y el político—tramitar las demandas de la población que enfrentarlas a bala. Transformada la principal guerrilla del país en partido político, las reivindicaciones rurales ya no se pueden desestimar como si fueran el resultado de un acto ventrílocuo de la subversión. Hay mucho por desaprender. Naturalmente, lLa protesta genera rozamiento y calor. En ningún país democrático del mundo las agencias armadas del Estado y las organizaciones sociales son amiguitos íntimos. Pero en ninguno tampoco la movilización se salda regularmente con montones de muertos. A través de interacciones explícitas e implícitas, los que protestan y los que pertenecen a tales agencias ponen límites institucionales, pero también aprendidos e informales, al uso de la fuerza.

Segundo: el Estado necesita de los líderes sociales, necesita con quien hablar en el campo. Después de lustros de violencia brutal, de destrucción sistemática del tejido social, de aplastamiento de las voces disidentes, de sangría permanente de liderazgos cuya formación toma toda una vida, todo esto por parte de múltiples actores, el Estado corre el riesgo muy real de no tener interlocutores en regiones específicas en caso de conflicto. Esto, de hecho, ya sucedió, con resultados aterradores. Más le valdría, incluso si no fuera más que por autointerés —en este caso, la peor de las razones—, preservar este puente que tiene con poblaciones y territorios. Mejor tener alguien reconocido con quien discutir, aunque la discusión sea intensa.

Tercero: no se pueden tener poblaciones enteras en la ilegalidad, ni atender sus demandas a través de métodos esencialmente informales. Lo de la ilegalidad ya se ha discutido en las semanas anteriores; por eso es tan importante la sustitución voluntaria. Pero también deberíamos prestarles atención a los métodos para atender las demandas sociales. No es casual que la movilización indígena y el paro del Catatumbo no hayan tenido como objetivo, al menos no el principal, plantear nuevas reclamaciones, sino exigir el cumplimiento de compromisos ya pactados. Este es un problema absolutamente generalizado (lo es también, por ejemplo, en el caso crítico de la minería). Campesinos, indígenas, pobladores protestan, les envían a un par de técnicos, se firma un acta, y hasta el sol de hoy. Después de varias rondas de incumplimiento, el nivel de exasperación de la gente es, como podría esperarse, enorme. Si se tomara la decisión simplemente de cumplir todas las actas de compromiso firmadas con las comunidades rurales en Colombia… No, vamos a algo aún más modesto: si se sistematizaran, y se hicieran conocer tanto a los agentes del Estado como a la opinión, esas actas… Caramelear, claro, es menos malo que matar —algo que podemos compartir la mayoría de los colombianos, aunque por desgracia yo no pueda decir que todos—, pero termina generando conflictos duros. Hay no sólo que formalizar economías, también modalidades de respuesta estatal.

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