En relación a la sugerencia del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, de que las bacrim sean consideradas actores armados porque “cuentan con mandos jerárquicos, capacidad para reclutar y entrenar, habilidad para coordinar operaciones de tipo militar y ejercer control sobre un territorio”, reuniendo así los requisitos del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra, se debe puntualizar que esa sugerencia se atiene superficialmente a la forma del texto, dejando de lado el contexto de un conflicto armado que es lo que genera el contenido del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra.
Aún si las bacrim se aliaran con las Farc en acciones coyunturales, no podrían tener el estatus de actor armado de Colombia. Como tampoco lo tendrían si tuvieran el apoyo del Ejército colombiano. La razón es muy sencilla. El conflicto armado de Colombia es entre la insurgencia y el Estado colombiano. Este hecho innegable y fundamental es lo que determina el carácter político del conflicto (sistema político a seguir) y lo que lo distingue de cualquier grupo armado de narcotraficantes, sicarios, paramilitares y bacrim.
Nadie puede alegar que las bacrim tienen como motivación política imponer un definido sistema político de gobierno. Ni que luchen por cambios en la educación, la economía o la estructura política de la Nación.
En África también se considera actores armados a los que buscan secesión dentro de una nación y eso, al igual que disputar el poder político de un Estado, siempre es un objetivo político y no delincuencial.
Al carecer de política, objetivos políticos y preparación política, toda la delincuencia de las bacrim no pasa de ser lo que es, simple y pura delincuencia.
Lo máximo a lo que podría estirarse la exageración de que las bacrim son políticas sería compararlas con organizaciones paramilitares como la dirigida por Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, que en paz descanse, y denominada Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (Erpac), que no tenía ningún objetivo político, ningún entrenamiento político y ninguna política. Era un grupo estricta y exclusivamente delincuencial.
Si el Erpac no proponía ningún gobierno diferente al establecido, sino que más bien ayudaba a la guerra del actor militar Estado contra el actor militar Farc o Eln, entonces su extrema función era auxiliar un actor político. En síntesis, eran delincuentes que ayudaban la política del Estado.
Si el Estado colombiano estableciera que las bacrim son políticos que con delincuencia buscan imponer un sistema político independiente, habría una posibilidad de que las bacrim fueran consideradas actores armados del conflicto.
Queda en manos del ministro de Defensa definir cuál es la posición política de las bacrim, frente al Estado y frente a la guerrilla.
José María Rodríguez González. Washington.
En relación a la sugerencia del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, de que las bacrim sean consideradas actores armados porque “cuentan con mandos jerárquicos, capacidad para reclutar y entrenar, habilidad para coordinar operaciones de tipo militar y ejercer control sobre un territorio”, reuniendo así los requisitos del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra, se debe puntualizar que esa sugerencia se atiene superficialmente a la forma del texto, dejando de lado el contexto de un conflicto armado que es lo que genera el contenido del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra.
Aún si las bacrim se aliaran con las Farc en acciones coyunturales, no podrían tener el estatus de actor armado de Colombia. Como tampoco lo tendrían si tuvieran el apoyo del Ejército colombiano. La razón es muy sencilla. El conflicto armado de Colombia es entre la insurgencia y el Estado colombiano. Este hecho innegable y fundamental es lo que determina el carácter político del conflicto (sistema político a seguir) y lo que lo distingue de cualquier grupo armado de narcotraficantes, sicarios, paramilitares y bacrim.
Nadie puede alegar que las bacrim tienen como motivación política imponer un definido sistema político de gobierno. Ni que luchen por cambios en la educación, la economía o la estructura política de la Nación.
En África también se considera actores armados a los que buscan secesión dentro de una nación y eso, al igual que disputar el poder político de un Estado, siempre es un objetivo político y no delincuencial.
Al carecer de política, objetivos políticos y preparación política, toda la delincuencia de las bacrim no pasa de ser lo que es, simple y pura delincuencia.
Lo máximo a lo que podría estirarse la exageración de que las bacrim son políticas sería compararlas con organizaciones paramilitares como la dirigida por Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, que en paz descanse, y denominada Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (Erpac), que no tenía ningún objetivo político, ningún entrenamiento político y ninguna política. Era un grupo estricta y exclusivamente delincuencial.
Si el Erpac no proponía ningún gobierno diferente al establecido, sino que más bien ayudaba a la guerra del actor militar Estado contra el actor militar Farc o Eln, entonces su extrema función era auxiliar un actor político. En síntesis, eran delincuentes que ayudaban la política del Estado.
Si el Estado colombiano estableciera que las bacrim son políticos que con delincuencia buscan imponer un sistema político independiente, habría una posibilidad de que las bacrim fueran consideradas actores armados del conflicto.
Queda en manos del ministro de Defensa definir cuál es la posición política de las bacrim, frente al Estado y frente a la guerrilla.
José María Rodríguez González. Washington.