En esta narcorrupcracia colombiana ya nada sorprende debido a la abundante siembra, consumo interno y exportación de droga, o por la corrupción en todas las instituciones y a todo nivel de la geografía devastada para fines criminales. Élites de la institucionalidad han esfumado la ética y honradez indispensables para tener la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos. Se ha institucionalizado la telaraña de la corrupción de tal manera que si no está comprometida la gran mayoría, el porcentaje de los criminales, por menor que sea, ha logrado desfigurar el Estado Social de Derecho, con gran quebranto del orden público, la justicia y los derechos de los asociados, dentro de un sistema neoliberal catalizador del dinero fácil, concentrado en pocos y máxime galardón de los adoradores del reino económico excluyente.
Con la complaciente participación de los presuntos implicados en delitos, buscan en el país del norte negociar sus comprometidos estados penales con la DEA, la cual en jugada audaz grabó en Miami al exgobernador Alejandro Lyons, acusado en Colombia por 20 delitos. Según video entregado a la Fiscalía, para evitar el proceso, debiera pagar un millón de dólares a Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, y a Leonardo Pinilla, abogado litigante y socio de Gustavo Moreno. Lyons pidió garantías para que su caso saliera bien ante la Sala Penal de la Corte Suprema y los detenidos, Moreno y Pinilla, le respondieron que era una estrategia probada y que con el concurso de los magistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, habían arreglado los procesos contra los congresistas: Musa Besayle, acusado por parapolítica y corrupción en la salud de Córdoba, Hernán Andrade, acusado y absuelto del desfalco a Cajanal, Luis Alfredo Ramos, acusado de paramilitarismo.
En la grabación hablan de tarifas entre $1.000 y 3.000 millones por cada caso. ¿Será persecución política? La Fiscalía compulsó copias contra los presuntos beneficiados por la corrupción ante la Corte Suprema de Justicia, y ésta compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para investigar a los expresidentes de ese tribunal por presuntas “conductas de corrupción durante el ejercicio de sus cargos y en relación con los mismos”.
En esta unión de magistrados, la cual investiga congresistas y mandatarios regionales y locales, congresistas, quienes juzgan a los magistrados, es decir, el “yo con yo”, y abogados sin ética, conforman, presuntamente, una poderosa red criminal con gran lucro económico y político. También son actores en esta ocasión Leonidas Bustos, quien habría favorecido casos llevados por el detenido exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno; Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema, acusado de hacer uso de la “puerta giratoria” en el Consejo Superior de la Judicatura, llegando con votos clientelistas; Camilo Tarquino, expresidente de la Corte y abogado litigante.
Los colombianos atravesados por la narcorrupcracia de una dirigencia negada a realizar las reformas estructurales que necesita el país nos vemos abocados a una Constituyente que reforme la justicia, la salud, la educación, la manera de elegir magistrados, procurador, etc., donde prime el voto popular y la importante participación académica. Además que tenga como objetivo cambiar los políticos corruptos y finalicemos con la bancarrota inmoral y criminal de la narcorrupcracia.
Ómar León Muriel Arango. Medellín.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.
En esta narcorrupcracia colombiana ya nada sorprende debido a la abundante siembra, consumo interno y exportación de droga, o por la corrupción en todas las instituciones y a todo nivel de la geografía devastada para fines criminales. Élites de la institucionalidad han esfumado la ética y honradez indispensables para tener la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos. Se ha institucionalizado la telaraña de la corrupción de tal manera que si no está comprometida la gran mayoría, el porcentaje de los criminales, por menor que sea, ha logrado desfigurar el Estado Social de Derecho, con gran quebranto del orden público, la justicia y los derechos de los asociados, dentro de un sistema neoliberal catalizador del dinero fácil, concentrado en pocos y máxime galardón de los adoradores del reino económico excluyente.
Con la complaciente participación de los presuntos implicados en delitos, buscan en el país del norte negociar sus comprometidos estados penales con la DEA, la cual en jugada audaz grabó en Miami al exgobernador Alejandro Lyons, acusado en Colombia por 20 delitos. Según video entregado a la Fiscalía, para evitar el proceso, debiera pagar un millón de dólares a Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, y a Leonardo Pinilla, abogado litigante y socio de Gustavo Moreno. Lyons pidió garantías para que su caso saliera bien ante la Sala Penal de la Corte Suprema y los detenidos, Moreno y Pinilla, le respondieron que era una estrategia probada y que con el concurso de los magistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, habían arreglado los procesos contra los congresistas: Musa Besayle, acusado por parapolítica y corrupción en la salud de Córdoba, Hernán Andrade, acusado y absuelto del desfalco a Cajanal, Luis Alfredo Ramos, acusado de paramilitarismo.
En la grabación hablan de tarifas entre $1.000 y 3.000 millones por cada caso. ¿Será persecución política? La Fiscalía compulsó copias contra los presuntos beneficiados por la corrupción ante la Corte Suprema de Justicia, y ésta compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para investigar a los expresidentes de ese tribunal por presuntas “conductas de corrupción durante el ejercicio de sus cargos y en relación con los mismos”.
En esta unión de magistrados, la cual investiga congresistas y mandatarios regionales y locales, congresistas, quienes juzgan a los magistrados, es decir, el “yo con yo”, y abogados sin ética, conforman, presuntamente, una poderosa red criminal con gran lucro económico y político. También son actores en esta ocasión Leonidas Bustos, quien habría favorecido casos llevados por el detenido exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno; Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema, acusado de hacer uso de la “puerta giratoria” en el Consejo Superior de la Judicatura, llegando con votos clientelistas; Camilo Tarquino, expresidente de la Corte y abogado litigante.
Los colombianos atravesados por la narcorrupcracia de una dirigencia negada a realizar las reformas estructurales que necesita el país nos vemos abocados a una Constituyente que reforme la justicia, la salud, la educación, la manera de elegir magistrados, procurador, etc., donde prime el voto popular y la importante participación académica. Además que tenga como objetivo cambiar los políticos corruptos y finalicemos con la bancarrota inmoral y criminal de la narcorrupcracia.
Ómar León Muriel Arango. Medellín.
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