Por Sergio Anzola
La implementación paulatina del Acuerdo de Paz con las Farc va despejando espacio para que otros temas relevantes empiecen a dominar la agenda pública. Silenciados algunos fusiles (faltan los del Eln), empezamos a prestar la atención necesaria al problema de la corrupción. No obstante, estos dos temas, paz y corrupción, no están completamente desconectados: la implementación del Acuerdo y la legitimidad de las normas jurídicas que sean expedidas para materializar los compromisos asumidos por las partes dependen en gran parte de que la Corte Constitucional sea absolutamente inmune a cualquier acusación de corrupción o falta de independencia respecto del Ejecutivo.
Todas las fuerzas políticas del país (unas por convicción y otras por conveniencia) se han comprometido en luchar contra la corrupción a raíz de los múltiples escándalos que se han ido acumulando en los últimos años: Odebrecht, el Preteltgate, Reficar y el carrusel de la Contratación en Bogotá, por mencionar unos pocos. Si dicho compromiso con la ciudadanía es real, los senadores (desde el Partido Verde hasta el Centro Democrático) deben demostrar que están dispuestos a garantizar la independencia de la Corte Constitucional eligiendo abogados que no sólo tengan las capacidades técnicas necesarias para asumir tan importante cargo, sino que además no levanten la menor sospecha respecto a las razones que motiven sus decisiones judiciales.
El Acuerdo de Paz con las Farc y los resultados del plebiscito dejaron un país polarizado. La legitimidad del Acuerdo no dependerá únicamente del respaldo social en las calles y de la inercia propia que vaya adquiriendo el proceso con el paso del tiempo. Dependerá en gran parte de la legitimidad de la Corte Constitucional, pues ésta revisará los múltiples decretos que expida el Ejecutivo bajo el denominado fast track, además de revisar las posibles leyes o actos legislativos que apunten a torpedear distintos puntos del Acuerdo en un futuro.
La implementación del Acuerdo de Paz no puede ser a cualquier precio. Para que sea sostenible y legítima, los magistrados y magistradas de la Corte no sólo deben ser independientes, sino que además deben ser vistos por la ciudadanía y las mismas fuerzas políticas como independientes. Basta con cuestionar la independencia de un solo magistrado o magistrada respecto al gobierno de Juan Manuel Santos para que toda la Corte vea afectada su imagen y la implementación del Acuerdo de Paz empiece a tambalear. Para efectos prácticos, poco importará si se demostró o no judicialmente que un magistrado pagó favores a Juan Manuel Santos por haberlo ternado, una sola acusación plausible será un ataque certero, y con razón: si el país quiere tomarse en serio el problema de la corrupción, no puede tomarse a la ligera estas acusaciones y siempre debe sospechar de ellas.
Las dos ternas enviadas al Congreso por Juan Manuel Santos satisfacen el criterio técnico: los abogados y abogadas que las integran cuentan con todo el conocimiento jurídico para ocupar el cargo. No obstante, dos de ellas (Cristina Pardo y María Margarita “Paca” Zuleta), por haber sido funcionarias cercanas del gobierno de Santos, pueden carecer, o aparentar carecer, de la independencia necesaria para ejercer como magistradas. Poco importa si son o no independientes frente a su exjefe. Los escándalos de corrupción y los conflictos de intereses de los que éstos surgen nos han enseñado a mirar con recelo y sospecha aún a personas con hojas de vida intachables y buenas intenciones.
Un buen ejemplo lo dio en el pasado Cristina Pardo (exsecretaria jurídica del presidente Santos y ahora ternada por él): en 2007 (según reporta La Silla Vacía), al ser ternada por el expresidente Uribe, ella decidió renunciar a la terna pues otro de los ternados era el entonces secretario jurídico de Presidencia, el señor Mauricio González. En un acto de gallardía, y denunciando que Uribe había hecho “una terna de uno”, Pardo renunció; esta vez, y siendo consecuente con sus actos, debería hacer lo mismo. No basta con ver la paja en el ojo ajeno, pero ser incapaz de verla en el propio.
Por Sergio Anzola
La implementación paulatina del Acuerdo de Paz con las Farc va despejando espacio para que otros temas relevantes empiecen a dominar la agenda pública. Silenciados algunos fusiles (faltan los del Eln), empezamos a prestar la atención necesaria al problema de la corrupción. No obstante, estos dos temas, paz y corrupción, no están completamente desconectados: la implementación del Acuerdo y la legitimidad de las normas jurídicas que sean expedidas para materializar los compromisos asumidos por las partes dependen en gran parte de que la Corte Constitucional sea absolutamente inmune a cualquier acusación de corrupción o falta de independencia respecto del Ejecutivo.
Todas las fuerzas políticas del país (unas por convicción y otras por conveniencia) se han comprometido en luchar contra la corrupción a raíz de los múltiples escándalos que se han ido acumulando en los últimos años: Odebrecht, el Preteltgate, Reficar y el carrusel de la Contratación en Bogotá, por mencionar unos pocos. Si dicho compromiso con la ciudadanía es real, los senadores (desde el Partido Verde hasta el Centro Democrático) deben demostrar que están dispuestos a garantizar la independencia de la Corte Constitucional eligiendo abogados que no sólo tengan las capacidades técnicas necesarias para asumir tan importante cargo, sino que además no levanten la menor sospecha respecto a las razones que motiven sus decisiones judiciales.
El Acuerdo de Paz con las Farc y los resultados del plebiscito dejaron un país polarizado. La legitimidad del Acuerdo no dependerá únicamente del respaldo social en las calles y de la inercia propia que vaya adquiriendo el proceso con el paso del tiempo. Dependerá en gran parte de la legitimidad de la Corte Constitucional, pues ésta revisará los múltiples decretos que expida el Ejecutivo bajo el denominado fast track, además de revisar las posibles leyes o actos legislativos que apunten a torpedear distintos puntos del Acuerdo en un futuro.
La implementación del Acuerdo de Paz no puede ser a cualquier precio. Para que sea sostenible y legítima, los magistrados y magistradas de la Corte no sólo deben ser independientes, sino que además deben ser vistos por la ciudadanía y las mismas fuerzas políticas como independientes. Basta con cuestionar la independencia de un solo magistrado o magistrada respecto al gobierno de Juan Manuel Santos para que toda la Corte vea afectada su imagen y la implementación del Acuerdo de Paz empiece a tambalear. Para efectos prácticos, poco importará si se demostró o no judicialmente que un magistrado pagó favores a Juan Manuel Santos por haberlo ternado, una sola acusación plausible será un ataque certero, y con razón: si el país quiere tomarse en serio el problema de la corrupción, no puede tomarse a la ligera estas acusaciones y siempre debe sospechar de ellas.
Las dos ternas enviadas al Congreso por Juan Manuel Santos satisfacen el criterio técnico: los abogados y abogadas que las integran cuentan con todo el conocimiento jurídico para ocupar el cargo. No obstante, dos de ellas (Cristina Pardo y María Margarita “Paca” Zuleta), por haber sido funcionarias cercanas del gobierno de Santos, pueden carecer, o aparentar carecer, de la independencia necesaria para ejercer como magistradas. Poco importa si son o no independientes frente a su exjefe. Los escándalos de corrupción y los conflictos de intereses de los que éstos surgen nos han enseñado a mirar con recelo y sospecha aún a personas con hojas de vida intachables y buenas intenciones.
Un buen ejemplo lo dio en el pasado Cristina Pardo (exsecretaria jurídica del presidente Santos y ahora ternada por él): en 2007 (según reporta La Silla Vacía), al ser ternada por el expresidente Uribe, ella decidió renunciar a la terna pues otro de los ternados era el entonces secretario jurídico de Presidencia, el señor Mauricio González. En un acto de gallardía, y denunciando que Uribe había hecho “una terna de uno”, Pardo renunció; esta vez, y siendo consecuente con sus actos, debería hacer lo mismo. No basta con ver la paja en el ojo ajeno, pero ser incapaz de verla en el propio.