Por Camilo Prada
Luis Barrios era un reconocido líder social, asentado en el municipio del Palmar de Varela, en el Atlántico colombiano. Se desempeñó como veedor civil de la gestión pública hasta sus 55 años. Denunció sin titubeos el fenómeno del microtráfico en su región, las irregularidades administrativas de la Gobernación y la precariedad en el sistema de salud, que desde hace un tiempo cobra más vidas que la propia enfermedad. Alertó a las autoridades —desde abril— acerca de una serie de amenazas de muerte en su contra.
Luis Barrios fue baleado en su casa mientras observaba el partido de la selección colombiana de fútbol el pasado 5 de julio. Con él, los lideres sociales asesinados en Colombia por diferentes motivos ascienden a la cifra de 355 desde enero de 2016, y contando.
Las estadísticas comienzan a tener valor desde comienzos del 2016, con la firma oficial del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las Farc.
Estos lideres son, en su mayoría, campesinos o comerciantes de las zonas periféricas colombianas. Allí, donde la antigua guerrilla ejercía el poder y la gobernanza. Ahora, sin la ocupación territorial del colectivo subversivo, grupos ilegales armados se han apropiado de estas zonas para continuar con el ejercicio del narcotráfico, la minería ilícita y el terrorismo. Como Barrios, cientos de lideres y lideresas han denunciado esta problemática, que afecta únicamente a los trabajadores y familias de estos pueblos, pues son quienes enfrentan la delincuencia, la zozobra del desplazamiento forzado y una suerte de descomposición social que, tarde o temprano, dará de comer al recuerdo de un conflicto armado, celoso de abandonar las raíces del pueblo colombiano.
El Gobierno, hasta el momento, sigue en la discusión sobre si existe o no sistematicidad en el asesinato de estas figuras políticas. Absurdamente, los asesinatos ocurren sobre las siguientes variables: a) se dan en zonas estratégicas para los GAO (grupos armados organizados), es decir, rutas del narcotráfico, terrenos aptos para el cultivo de cocaína y, generalmente, estos son los sitios abandonados por la guerrilla de las Farc, b) los líderes, en su mayoría, son políticos proacuerdo, o sea, incentivan a los campesinos a la sustitución de los cultivos ilícitos, rechazan la minería ilegal, fomentan una reforma agraria y hacen pedagogía de dichos acuerdos, y c) los asesinatos están focalizados en los departamentos de Nariño, Antioquia, Cauca y Norte de Santander, precisamente, las zonas donde la guerrilla ha ejercido históricamente su poder territorial.
Miles de colombianos se han unido en ciudades como Paris, Berlín o Sídney. En Bogotá, cientos de protestantes se congregaron en la Plaza de Bolívar el pasado 6 de julio durante la velatón, en protesta por la mala hora que nos ha tocado sufrir.
Por Camilo Prada
Luis Barrios era un reconocido líder social, asentado en el municipio del Palmar de Varela, en el Atlántico colombiano. Se desempeñó como veedor civil de la gestión pública hasta sus 55 años. Denunció sin titubeos el fenómeno del microtráfico en su región, las irregularidades administrativas de la Gobernación y la precariedad en el sistema de salud, que desde hace un tiempo cobra más vidas que la propia enfermedad. Alertó a las autoridades —desde abril— acerca de una serie de amenazas de muerte en su contra.
Luis Barrios fue baleado en su casa mientras observaba el partido de la selección colombiana de fútbol el pasado 5 de julio. Con él, los lideres sociales asesinados en Colombia por diferentes motivos ascienden a la cifra de 355 desde enero de 2016, y contando.
Las estadísticas comienzan a tener valor desde comienzos del 2016, con la firma oficial del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las Farc.
Estos lideres son, en su mayoría, campesinos o comerciantes de las zonas periféricas colombianas. Allí, donde la antigua guerrilla ejercía el poder y la gobernanza. Ahora, sin la ocupación territorial del colectivo subversivo, grupos ilegales armados se han apropiado de estas zonas para continuar con el ejercicio del narcotráfico, la minería ilícita y el terrorismo. Como Barrios, cientos de lideres y lideresas han denunciado esta problemática, que afecta únicamente a los trabajadores y familias de estos pueblos, pues son quienes enfrentan la delincuencia, la zozobra del desplazamiento forzado y una suerte de descomposición social que, tarde o temprano, dará de comer al recuerdo de un conflicto armado, celoso de abandonar las raíces del pueblo colombiano.
El Gobierno, hasta el momento, sigue en la discusión sobre si existe o no sistematicidad en el asesinato de estas figuras políticas. Absurdamente, los asesinatos ocurren sobre las siguientes variables: a) se dan en zonas estratégicas para los GAO (grupos armados organizados), es decir, rutas del narcotráfico, terrenos aptos para el cultivo de cocaína y, generalmente, estos son los sitios abandonados por la guerrilla de las Farc, b) los líderes, en su mayoría, son políticos proacuerdo, o sea, incentivan a los campesinos a la sustitución de los cultivos ilícitos, rechazan la minería ilegal, fomentan una reforma agraria y hacen pedagogía de dichos acuerdos, y c) los asesinatos están focalizados en los departamentos de Nariño, Antioquia, Cauca y Norte de Santander, precisamente, las zonas donde la guerrilla ha ejercido históricamente su poder territorial.
Miles de colombianos se han unido en ciudades como Paris, Berlín o Sídney. En Bogotá, cientos de protestantes se congregaron en la Plaza de Bolívar el pasado 6 de julio durante la velatón, en protesta por la mala hora que nos ha tocado sufrir.