El presidente Gustavo Petro anunció hace poco, en una de sus intervenciones, que el principal motivo para gravar las bebidas azucaradas no es aumentar el recaudo estatal mediante la creación del impuesto, sino disminuir el consumo de estas bebidas en el territorio nacional y reducir el gasto económico que causan enfermedades como la diabetes al sistema de salud pública. Este argumento es convincente y parece suficiente para justificar la creación del impuesto. Sin embargo, conviene analizarlo de forma detenida bajo una perspectiva ética y moral.
Con estas declaraciones, el presidente Petro se adscribe sin rodeos al utilitarismo ético del filósofo inglés Jeremy Bentham. Su principal razón justificativa se centra en buscar el mayor beneficio para el mayor número de personas. En este caso, la comunidad se verá beneficiada con la reducción del gasto público destinado a curar esas enfermedades y podrá destinar estos recursos a educación, cultura, deporte o bienestar social.
En sí mismo, el utilitarismo no resulta condenable. Buscar maximizar el beneficio para la mayor cantidad de personas en una comunidad es un fin válido y deseado. De hecho, parece ser el objetivo de la política moderna. El problema del utilitarismo radica en que, cumpliendo su mandato de maximización, puede terminar justificando medidas que afecten derechos individuales y fundamentales de sujetos o minorías. ¿Sería este el caso en la creación del impuesto a las bebidas azucaradas? La respuesta puede ser negativa y la pregunta tildada de exagerada. Sin embargo, como veremos a continuación, con una simple modificación de datos econométricos, esta justificación puede terminar siendo reprochable y peligrosa.
Michael Sandel, profesor de la Universidad de Harvard y creador del curso Justice, nos brinda un particular ejemplo que pone en aprietos el argumento de Gustavo Petro. En el año 2001 el Gobierno checo, preocupado por los altos costos que causaba tratar el cáncer de pulmón y las enfermedades causadas por el tabaquismo, propuso aumentar los impuestos a la producción y venta del tabaco en ese país.
La tabacalera Philip Morris —principal beneficiada de la venta de tabaco a los checos— utilizó el mismo argumento utilitarista con datos un tanto distintos. En un análisis económico financiado por la tabacalera, se determinó que el Gobierno checo ahorraba más dinero con el cáncer del pulmón que el que podría gastar en su tratamiento. El estudio concluyó que una muerte prematura por tabaquismo ahorraba toda una vida llena de gasto público en educación, sistema de seguridad social y ayudas económicas.
El presidente Petro y los checos, entonces, ofrecieron la misma justificación: reducir gastos públicos en el tratamiento de enfermedades por la venta de estos productos traerá beneficios a la mayor parte de la población. Esperemos, entonces, que las principales productoras de bebidas azucaradas en el país realicen un estudio para determinar qué tan beneficiosa es la diabetes para la economía pública en Colombia y si conviene implementar el impuesto o no.
Los argumentos utilitaristas son constantes en este tipo de debates económicos y políticos. Maximizar el beneficio para la mayoría es algo que todos vemos con buenos ojos. No por ello estos argumentos dejan de ser problemáticos y dañinos para la concepción del deber en la sociedad colombiana. Impuesto a las bebidas azucaradas sí, presidente Petro, pero no para aumentar la rentabilidad financiera que beneficiará al grueso de la sociedad colombiana. Si su impuesto logra salvar al menos una vida de la mortalidad de la diabetes y otras enfermedades que devienen del consumo de bebidas azucaradas, estará justificado.