Por Fabio Hernández Blanco
Así comenzó la historia. En el año 2012, Cerro Matoso y el Gobierno Nacional iban a negociar la prórroga de la concesión de la mina de níquel Cerro Matoso, ubicada en Montelíbano, Córdoba. Jamás se imaginaron las directivas de BHP Billiton cuya casa matriz está ubicada en Londres que una mina que representaba para ese entonces el 0,5 % de su inversión mundial podía levantar tanto alboroto para lograr prorrogar una concesión que llevaban explotando por más de 30 años cumpliendo sus obligaciones con el Estado Colombiano.
El voraz sindicato de la empresa, Sintracerromatoso, en asocio con el aguerrido senador Jorge Enrique Robledo y políticos de Córdoba, hicieron una campaña mediática en contra de la prórroga de la concesión. “¡Protesten, bloqueen las vías públicas, hay que parar la troncal del caribe para hacer visible el conflicto!”, éstas eran las recomendaciones del senador en conversación con los sindicatos hechas públicas en los medios de comunicación.
Pero después de muchos esfuerzos, el 27 de diciembre del 2012, la empresa logró prorrogar la concesión y se pactaron por primera vez en Colombia compromisos de inversión social con las comunidades vecinas del área de influencia. Sin embargo, algo se estaba cocinando: en septiembre del 2013 las comunidades bloquearon la empresa por espacio de 30 días incitadas por los mismos que se habían opuesto a la concesión y una reconocida y polémica firma de abogados. Los trabajadores, comerciantes y en general la población de Montelíbano se volcó a las calles a defender a la empresa en una multitudinaria marcha que ayudó a reactivar la operación.
Corría el año 2014, la mina había bajado la producción por el declive normal del depósito, los precios del petróleo estaban por el suelo y arrastró los minerales entre ellos el Níquel, el precio estaba por debajo del 50 % de lo presupuestado y la tarifa de energía, que es el principal costo operacional, se había incrementado por el fenómeno de El Niño. La empresa inició con un plan de optimización de costos que implicaba un cambio de horario en los turnos de trabajo, el sindicato respondió con un cese ilegal de actividades que paralizó la operación por 17 días; en el 2017, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la empresa y con justa causa se prescindió de los servicios de algunos trabajadores. Sin embargo, otros tantos eludieron la acción disciplinaria con incapacidades y ausencias no justificadas.
Sin embargo, la Corte Constitucional seleccionó para revisión, “con lupa”, dos procesos de tutela que en primera y segunda instancia habían sido favorables a Cerro Matoso. Los accionantes eran las comunidades vecinas del área de influencia que alegaban que la explotación minera les estaba afectando la salud, pero fueron asesorados para que se opusieran a las evaluaciones médicas pactadas en la prórroga del contrato de concesión que debía realizarlas el Ministerio de Salud con soporte internacional. El abogado que representa a las comunidades es el Dr. Abelardo de la Espriella, quien tiene como premisa para el ejercicio profesional la teoría de que “la ética y el derecho nada tienen que ver”. La tutela fue selecciona por su compadre, cliente y coterráneo, el tristemente célebre magistrado Jorge Pretelt, quien fue denunciado públicamente por sus propios compañeros de sala, precisamente por corrupción en el manejo de tutelas. El señor Pretelt está siendo procesado en la comisión de absoluciones del Congreso de la República y adivinen quién es su abogado… el Dr. Abelardo de la Espriella.
El ponente del fallo de tutela fue el cuestionado magistrado Alberto Rojas Ríos. La ponencia cuenta con 490 páginas para fundamentar (1) que los estudios de Medicina Legal no establecen una relación de causalidad entre la operación minera y las enfermedades de las comunidades vecinas al área de influencia, (2) que Cerro Matoso contaba con todas las licencias necesarias para operar, pero que el Estado no había actualizado las normas, (3) que no existe una regulación ambiental acorde a la Constitución de 1991, (4) que Cerro Matoso cumplió la normatividad vigente para operar, pero como el Estado no había actualizado la ley ambiental… ¡que responda Cerro Matoso! Porque el magistrado presume que las supuestas enfermedades son producto de la operación minera.
Muere otra industria minera y con ella una región. El alcance de esta sentencia, desde el punto de vista económico, es incuantificable y pone en riesgo la continuidad de la operación de Cerro Matoso, que desde hace algunos años viene atravesando una crisis financiera; la romería de abogados recogiendo poderes e historias clínicas para demandar a Cerro Matoso es impresionante. Bajo criterio de la Corte Constitucional, no existe una sola concesión minera con licencia válida en el país, excepto quienes practican minería ilegal, puesto que ellos no cuentan con licencia; definitivamente en el país del sagrado corazón toca decir que: “Ser Pillo Paga”.
Ojalá que todo este escándalo sirva para que los magistrados de la honorable Corte Constitucional, el ministro de Salud, o el presidente de la República visiten el área de influencia de la mina Cerro Matoso y sus comunidades vecinas y conozcan la realidad de una empresa que se caracteriza a nivel mundial por hacer minería bien hecha, antes que tengamos que lamentar su muerte y con ella la muerte de la principal fuente de empleo de la región del Alto San Jorge.
Por Fabio Hernández Blanco
Así comenzó la historia. En el año 2012, Cerro Matoso y el Gobierno Nacional iban a negociar la prórroga de la concesión de la mina de níquel Cerro Matoso, ubicada en Montelíbano, Córdoba. Jamás se imaginaron las directivas de BHP Billiton cuya casa matriz está ubicada en Londres que una mina que representaba para ese entonces el 0,5 % de su inversión mundial podía levantar tanto alboroto para lograr prorrogar una concesión que llevaban explotando por más de 30 años cumpliendo sus obligaciones con el Estado Colombiano.
El voraz sindicato de la empresa, Sintracerromatoso, en asocio con el aguerrido senador Jorge Enrique Robledo y políticos de Córdoba, hicieron una campaña mediática en contra de la prórroga de la concesión. “¡Protesten, bloqueen las vías públicas, hay que parar la troncal del caribe para hacer visible el conflicto!”, éstas eran las recomendaciones del senador en conversación con los sindicatos hechas públicas en los medios de comunicación.
Pero después de muchos esfuerzos, el 27 de diciembre del 2012, la empresa logró prorrogar la concesión y se pactaron por primera vez en Colombia compromisos de inversión social con las comunidades vecinas del área de influencia. Sin embargo, algo se estaba cocinando: en septiembre del 2013 las comunidades bloquearon la empresa por espacio de 30 días incitadas por los mismos que se habían opuesto a la concesión y una reconocida y polémica firma de abogados. Los trabajadores, comerciantes y en general la población de Montelíbano se volcó a las calles a defender a la empresa en una multitudinaria marcha que ayudó a reactivar la operación.
Corría el año 2014, la mina había bajado la producción por el declive normal del depósito, los precios del petróleo estaban por el suelo y arrastró los minerales entre ellos el Níquel, el precio estaba por debajo del 50 % de lo presupuestado y la tarifa de energía, que es el principal costo operacional, se había incrementado por el fenómeno de El Niño. La empresa inició con un plan de optimización de costos que implicaba un cambio de horario en los turnos de trabajo, el sindicato respondió con un cese ilegal de actividades que paralizó la operación por 17 días; en el 2017, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la empresa y con justa causa se prescindió de los servicios de algunos trabajadores. Sin embargo, otros tantos eludieron la acción disciplinaria con incapacidades y ausencias no justificadas.
Sin embargo, la Corte Constitucional seleccionó para revisión, “con lupa”, dos procesos de tutela que en primera y segunda instancia habían sido favorables a Cerro Matoso. Los accionantes eran las comunidades vecinas del área de influencia que alegaban que la explotación minera les estaba afectando la salud, pero fueron asesorados para que se opusieran a las evaluaciones médicas pactadas en la prórroga del contrato de concesión que debía realizarlas el Ministerio de Salud con soporte internacional. El abogado que representa a las comunidades es el Dr. Abelardo de la Espriella, quien tiene como premisa para el ejercicio profesional la teoría de que “la ética y el derecho nada tienen que ver”. La tutela fue selecciona por su compadre, cliente y coterráneo, el tristemente célebre magistrado Jorge Pretelt, quien fue denunciado públicamente por sus propios compañeros de sala, precisamente por corrupción en el manejo de tutelas. El señor Pretelt está siendo procesado en la comisión de absoluciones del Congreso de la República y adivinen quién es su abogado… el Dr. Abelardo de la Espriella.
El ponente del fallo de tutela fue el cuestionado magistrado Alberto Rojas Ríos. La ponencia cuenta con 490 páginas para fundamentar (1) que los estudios de Medicina Legal no establecen una relación de causalidad entre la operación minera y las enfermedades de las comunidades vecinas al área de influencia, (2) que Cerro Matoso contaba con todas las licencias necesarias para operar, pero que el Estado no había actualizado las normas, (3) que no existe una regulación ambiental acorde a la Constitución de 1991, (4) que Cerro Matoso cumplió la normatividad vigente para operar, pero como el Estado no había actualizado la ley ambiental… ¡que responda Cerro Matoso! Porque el magistrado presume que las supuestas enfermedades son producto de la operación minera.
Muere otra industria minera y con ella una región. El alcance de esta sentencia, desde el punto de vista económico, es incuantificable y pone en riesgo la continuidad de la operación de Cerro Matoso, que desde hace algunos años viene atravesando una crisis financiera; la romería de abogados recogiendo poderes e historias clínicas para demandar a Cerro Matoso es impresionante. Bajo criterio de la Corte Constitucional, no existe una sola concesión minera con licencia válida en el país, excepto quienes practican minería ilegal, puesto que ellos no cuentan con licencia; definitivamente en el país del sagrado corazón toca decir que: “Ser Pillo Paga”.
Ojalá que todo este escándalo sirva para que los magistrados de la honorable Corte Constitucional, el ministro de Salud, o el presidente de la República visiten el área de influencia de la mina Cerro Matoso y sus comunidades vecinas y conozcan la realidad de una empresa que se caracteriza a nivel mundial por hacer minería bien hecha, antes que tengamos que lamentar su muerte y con ella la muerte de la principal fuente de empleo de la región del Alto San Jorge.