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Periodismo y posconflicto: retos y desafíos para el próximo cuatrienio

hace 8 mins
Por: Darío Martínez

Legitimidad constitucional

El proceso constituyente previo a la expedición de la Constitución de 1991 estuvo determinado por una honda crisis nacional atribuida a varios hechos, como la existencia de una democracia restringida y una violencia generada por la guerrilla y el narcoterrorismo, entre otros.

Se asesinaron magistrados, jueces, políticos, periodistas, militares, altos funcionarios del Estado, candidatos presidenciales y ciudadanos inocentes. Las grandes desigualdades sociales y económicas, junto a la corrupción política, tocaron fondo. El Estado terminó deslegitimado. El lema de la juventud universitaria, al plantear la séptima papeleta en las elecciones de marzo de 1990, fue: “Todavía podemos salvar a Colombia”.

El repudiado Estado de sitio se utilizó como mecanismo de salvación para expedir el decreto 1926 de 1990, que convocó la Constituyente, con el triunfo abrumador de la abstención (74%). Esta salida extraconstitucional fue avalada por un fallo político de la Corte Suprema de Justicia, con salvamento de voto de 12 magistrados de los 26 que conformaban la Sala Plena. Ellos expresaron que la Corte había actuado como una tercera Cámara, en un retroceso institucional, al permitir peligrosamente la ampliación del Estado de sitio para reformar la Constitución. La mayoría simple sostuvo que la exequibilidad de la convocatoria resultaba de la virtualidad para alcanzar la paz.

Al cumplir 20 años de vigencia la Carta Política y sin demeritar algunos logros en el perfeccionamiento institucional, es bueno preguntarse si varios de los hechos que motivaron su expedición se han superado. Creo que no. Colombia padece la misma violencia. La corrupción se ha tomado el Estado y es foco de otra violencia silenciosa. La justicia sigue en espera de una profunda reforma. El Congreso no fue la piedra angular de la nueva Constitución. Otras causas que originaron la crisis del Estado no han sido removidas, como los profundos desajustes sociales en amplios sectores de la población, con altos niveles de atraso y miseria.

Las nuevas concepciones del poder, de la cultura democrática y del derecho, en 20 años, no alcanzaron a materializar plenamente los fines esenciales del Estado, como la prosperidad general, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, no obstante los audaces esfuerzos hermenéuticos de la Corte Constitucional, como depositaria de una nueva legitimidad. No se ha salvado a Colombia.

Es necesario legitimar la Constitución con reformas coherentes que protejan y hagan más eficaces los derechos fundamentales, especialmente los que apuntan a satisfacer las necesidades primarias de la gente y a la consecución de la paz. En ese empeño se deben aportar reflexiones constructivas, alejadas del mesianismo constitucional, que interpreten nuestra cruda y dolorosa realidad social. No hay para qué endiosar la Constitución del 91 atribuyéndole perfección divina, ni tampoco satanizarla, al considerarla responsable de todos los males que sufre la nación.

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