Legitimidad (II)

La trayectoria de la defensa del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Jineth Bedoya revela con prístina claridad dónde están las apuestas de este Gobierno.

La reconstrucción de los aspectos básicos del caso no es complicada. Jineth, una reconocida periodista, visitó la cárcel La Modelo en cumplimiento de sus actividades profesionales. Allí fue secuestrada, después violada grupalmente y abandonada medio muerta. Para bien de la sociedad colombiana, sobrevivió al ataque y se convirtió en una activista estelar contra la violencia sexual. Ha denunciado a los perpetradores de todos los signos y proveniencias. Sin embargo, parte de sus atacantes —en esencia, aquellos que actuaron desde agencias estatales— siguen en la impunidad. Según cuentan ella y su equipo legal, sufrió una ordalía de humillaciones mientras trataba de impulsar su denuncia dentro de nuestro laberíntico sistema judicial, que parecía no querer pisar los callos de gente poderosa que podría estar involucrada en el crimen. Por eso, el caso fue a recalar a la CIDH.

Allí, las generalizadas manifestaciones de empatía con la víctima hirieron la finísima sensibilidad del señor Camilo Gómez quien, a nombre de la defensa estatal, recusó a los jueces y amenazó con retirarse de la audiencia. La reacción de Gómez frente a la extraordinaria brutalidad y sordidez de los hechos fue de embotado ensimismamiento; frente a las preguntas sobre qué pasó y por qué, de una histérica hiperestesia. Todo esto —y siguiendo un libreto ya conocido, que describí en la columna de la semana pasada—, a nombre de “la legitimidad”.

Tal cual. Pero esta palabrota tiene en otros contextos significados distintos a los que ha querido darle aquí el personal gobernante. Alinearse con la violación grupal y no con la víctima de ella no sólo es un acto inaudito de indignidad sino una expresión canónica de lo que significa la ilegitimidad. Así que Gómez y su cohorte llegaron a la siguiente sesión del caso con otro discurso. Pidieron perdón a Bedoya y lamentaron su dolor.

Pero es un ejemplo, también de manual, de “muy poco, muy tarde”. El mal ya estaba hecho y las dos tonadas —la expresión de rabia y el acto de contrición— no casan. Más aún, la posición oficial siguió siendo extraordinariamente mezquina. Cuando la defensa de la víctima pidió medidas de protección, Gómez simplemente dijo que lo pensarían. En esta ínfima reacción está encapsulado todo: la continuidad esencial de la posición del Gobierno y la naturaleza turbia y amenazante de su concepción de legitimidad.

Sin embargo, las falsas condolencias masculladas por Gómez sí que son reveladoras, al menos en un sentido muy simple pero fundamental: las cosas se podrían, se pueden, hacer de manera distinta. Es que rasgarse las vestiduras por la empatía que suscita la víctima de una violación en grupo —con indicios serios de complicidad oficial— es la cosa más estúpidamente ilegítima que podría ocurrírsele a nadie y sólo tiene explicación si uno se hunde, con la resolución de un espeleólogo, en las profundidades de la lógica del equipo gobernante.

La legitimidad no es un juego. Alguien podría pensar que sólo por esta razón el señor Gómez debería irse. No conozco sus cualificaciones para fungir como defensor del Estado, pero con este comportamiento tan errático es claro que no está a la altura de sus responsabilidades. El problema es que esta combinación de inepcia y brutalidad hace ya metástasis. Están el ministro de Defensa y sus máquinas de guerra. Está el pobre director de alguna entidad —me perdonará el lector que no recuerde los detalles— que le iba a escribir la autobiografía a la primera dama. Después vino la descalificación de Noticias Uno, con daños potencialmente serios a la libertad de prensa, como lo destacó este diario en un editorial. Pues los protagonistas de estos episodios son generalmente pequeñísimos; pero las consecuencias, graves.

Ya está bueno. Es momento de pasar la página.