Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Ley de Páramos, campesinos sin tractores ni fósforos

El pasado 27 de junio, después de ocho años de haber iniciado trámite, fue aprobada en el Congreso la ley “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos de Colombia”.

No es gratuita la tardanza. Se hizo lobby, pero no se logró que el Congreso se fuera en contra de la Sentencia C-035 del 2016 de la Corte Constitucional, que declaró inexequibles normas que permitían proyectos mineros en los páramos y señaló que éstos cumplen un papel fundamental en la regulación del ciclo del agua y su abastecimiento a la población colombiana. El país manifestó estar de acuerdo con esta parte de la sentencia y la nueva ley ratifica la prohibición de la minería en los páramos. Queda por resolverse el apoyo para la reubicación de los pequeños mineros tradicionales que por décadas han extraído minerales en zonas de páramos. Queda suspendida la megaminería.

Cosa distinta es el contenido de la ley del Plan Nacional de Desarrollo (2015), que prohíbe la actividad minera y la producción agropecuaria en los páramos. Como lo señalaba en mi columna “Páramos, papa y agua” (El Espectador, septiembre 27/2017), la ley se queda corta cuando no diferencia escalas ni tecnologías. Al referirse a la actividad agropecuaria en el páramo, es muy distinto el impacto y la manera como tienen que tratarse la actividad productiva del campesino y la del agroempresario.

La nueva Ley de Páramos se propone superar esta deficiencia. Se refiere a los habitantes tradicionales de los páramos y propone un enfoque diferencial en el proceso de reconversión y sustitución de sus actividades. Permite el uso de maquinaria liviana para garantizar el mínimo vital, según el plan de manejo del páramo, y prohíbe el uso de maquinaria pesada. Ésta la usan los inversionistas que alquilan la tierra en los páramos para la producción en grandes extensiones, usando grandes tractores para el monocultivo de papa.

La ley prohíbe las quemas, que han sido el método más común de renovación de praderas y pajonales para la ganadería extensiva, actividad que afecta o destruye los ecosistemas naturales de páramo. En esta actividad están muy involucrados los campesinos y cambiar esta práctica es un gran reto.

Hay que elaborar, con participación comunitaria, los planes de manejo ambiental de los páramos, partiendo de la ley que permite la continuación de las actividades agropecuarias de bajo impacto, que se vienen desarrollando en las zonas de páramos delimitados, haciendo uso de las buenas prácticas que cumplan con los estándares ambientales y la defensa de los páramos.

Antes de expropiar al campesino paramuno, es necesario considerar que puede ser mucho más efectivo y eficiente en el propósito de conservación y recuperación del páramo que las instituciones públicas. Una combinación de pago por servicios ambientales, restauración contratada con él, ecoturismo y producción de comida con tecnologías adecuadas es una alternativa, involucrando al campesino como gestor y beneficiario de la recuperación del páramo.

Un mico nativo, que parece descontextualizado de la ley, es su artículo 26, que modifica la Ley 1819 del 2016, reasignando recursos del impuesto al carbón, sustrayéndolos de la gestión ambiental y debilitando al Ministerio de Ambiente y al SINA.

 

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